La liberalización de la luz y el gas a partir del miércoles próximo permite a los consumidores negociar y buscar las mejores ofertasDANIEL LEGUINA MURCIA/ La Verdad
El próximo 1 de julio se abre la veda: la liberalización total del mercado eléctrico entra en vigor en cumplimiento de la directiva europea que así lo ordena y las compañías llevan ya semanas comunicando a los usuarios domésticos, además de a las pymes, las opciones que se les plantean con el cambio. A partir de esa fecha el consumidor puede elegir su compañía suministradora de gas natural y electricidad, con independencia de la región en la que se encuentre, tanto para su hogar como para su empresa o negocio. Las opciones son varias pero las incógnitas abundan entre los usuarios, y la pregunta que se están haciendo miles de personas es si esta modificación conlleva algún cambio o variación en el precio de la luz.
En la práctica no supone ninguna novedad para los usuarios. En lo que respecta al importe, varias fuentes acreditadas coinciden en que el Ministerio de Industria subirá nuevamente la tarifa, como hizo el pasado enero con un 3,5%. La electricidad suministrada por las empresas distribuidoras pasará a una comercializadora -por ejemplo: un contrato de Iberdrola Distribución pasará a Iberdrola Comercialización-, aplicándose una nueva tarifa denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), que gestionarán cinco compañías eléctricas (Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, Hidrocantábrico Energía y E.On) y que únicamente afectará a los usuarios con una potencia contratada inferior a 10 kilowatios, que son la inmensa mayoría de los hogares murcianos.
El mejor precio
José Francisco Puche, director general de Industria, aclara que «el que no haga nada se quedará como está, pero nadie se va a quedar sin luz eléctrica; simplemente recibirá la energía a través de la comercializadora con el precio máximo establecido por el Gobierno, muy parecido al actual, para aquellos usuarios con potencias inferiores a 10 kilowatios». Los consumidores tendrán la opción de negociar con la comercializadora que prefieran y buscar la mejor oferta, el precio más adecuado teniendo en cuenta que cada comercializadora pondrá un valor al kilowatio.
Los contratos superiores a los 10 kilowatios, en general empresas o negocios, pasan obligatoriamente al mercado libre en el que concurrirán cerca de 27 empresas. Según Puche, «en esta parcela es dónde el verdadero mercado libre entra en juego, ya que todos serán contratos privados tendrán que negociar directamente con las comercializadoras el suministro y si no hacen nada, su actual distribuidora, con su comercializadora asociada, le cobrará la electricidad con un aumento del 5% trimestral».
Por otro lado, habrá usuarios que se podrán acoger al Bono Social, contratando una potencia inferior a 3 kilowatios y destinado a jubilados con pensión mínima, familias numerosas o familias con todos sus miembros desempleados.
Puche afirma que con la nueva normativa «el usuario va a tener que contratar la electricidad como ocurre en la telefonía móvil».
La liberalización del mercado eléctrico diferencia dos tipos de actividad, la distribución y la comercialización. Las empresas distribuidoras harán las lecturas y solventarán averías. Las comercializadoras tramitarán los contratos, expedirán facturas y gestionarán reclamaciones, altas, bajas...
Último recurso
Este nuevo modelo de organización eléctrico, denominado Suministro de Último Recurso (SUR), deriva de una normativa de la Comunidad Europea y ya se aplica en varios países del continente. Según fuentes del Ministerio de Industria, la nueva legislación garantizará la posibilidad de cambiar de proveedor de gas o electricidad sin coste alguno, y estipulará la necesidad de que las facturas detallen todos los datos relevantes. Fuentes ministeriales anuncian también que se creará un organismo específico para gestionar las reclamaciones y se fijarán indemnizaciones en el caso de que el servicio no alcance un nivel adecuado. Además, los precios deberán ser comprensibles y fácilmente comparables y se tomarán medidas específicas para proteger a los consumidores más vulnerables.
Trinidad Almagro, secretaria general de la Organización de Consumidores (OCU), afirma que «el Gobierno está dando la información con cuentagotas, no se han dado todos los detalles y esperemos que antes del 1 de julio conozcamos las tarifas de último recurso. Desde la OCU queremos lanzar un mensaje de tranquilidad: no habrá cortes en el suministro eléctrico, pero recomendamos a los usuarios que analicen bien las tarifas y estudien todas las ofertas, y cuando los contratos se tramiten por teléfono o interne es muy importante exigir una copia del acuerdo».
Según Almagro, «la situación actual del consumidor es de incertidumbre y malestar porque se nos ha dado de lado y, a partir de ahora, la política de las empresas energéticas puede ser bastante agresiva paras captar clientes. Solicitamos a la Administración regional una comisión de seguimiento constituida por todos los agentes sociales».
En la práctica no supone ninguna novedad para los usuarios. En lo que respecta al importe, varias fuentes acreditadas coinciden en que el Ministerio de Industria subirá nuevamente la tarifa, como hizo el pasado enero con un 3,5%. La electricidad suministrada por las empresas distribuidoras pasará a una comercializadora -por ejemplo: un contrato de Iberdrola Distribución pasará a Iberdrola Comercialización-, aplicándose una nueva tarifa denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), que gestionarán cinco compañías eléctricas (Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, Hidrocantábrico Energía y E.On) y que únicamente afectará a los usuarios con una potencia contratada inferior a 10 kilowatios, que son la inmensa mayoría de los hogares murcianos.
El mejor precio
José Francisco Puche, director general de Industria, aclara que «el que no haga nada se quedará como está, pero nadie se va a quedar sin luz eléctrica; simplemente recibirá la energía a través de la comercializadora con el precio máximo establecido por el Gobierno, muy parecido al actual, para aquellos usuarios con potencias inferiores a 10 kilowatios». Los consumidores tendrán la opción de negociar con la comercializadora que prefieran y buscar la mejor oferta, el precio más adecuado teniendo en cuenta que cada comercializadora pondrá un valor al kilowatio.
Los contratos superiores a los 10 kilowatios, en general empresas o negocios, pasan obligatoriamente al mercado libre en el que concurrirán cerca de 27 empresas. Según Puche, «en esta parcela es dónde el verdadero mercado libre entra en juego, ya que todos serán contratos privados tendrán que negociar directamente con las comercializadoras el suministro y si no hacen nada, su actual distribuidora, con su comercializadora asociada, le cobrará la electricidad con un aumento del 5% trimestral».
Por otro lado, habrá usuarios que se podrán acoger al Bono Social, contratando una potencia inferior a 3 kilowatios y destinado a jubilados con pensión mínima, familias numerosas o familias con todos sus miembros desempleados.
Puche afirma que con la nueva normativa «el usuario va a tener que contratar la electricidad como ocurre en la telefonía móvil».
La liberalización del mercado eléctrico diferencia dos tipos de actividad, la distribución y la comercialización. Las empresas distribuidoras harán las lecturas y solventarán averías. Las comercializadoras tramitarán los contratos, expedirán facturas y gestionarán reclamaciones, altas, bajas...
Último recurso
Este nuevo modelo de organización eléctrico, denominado Suministro de Último Recurso (SUR), deriva de una normativa de la Comunidad Europea y ya se aplica en varios países del continente. Según fuentes del Ministerio de Industria, la nueva legislación garantizará la posibilidad de cambiar de proveedor de gas o electricidad sin coste alguno, y estipulará la necesidad de que las facturas detallen todos los datos relevantes. Fuentes ministeriales anuncian también que se creará un organismo específico para gestionar las reclamaciones y se fijarán indemnizaciones en el caso de que el servicio no alcance un nivel adecuado. Además, los precios deberán ser comprensibles y fácilmente comparables y se tomarán medidas específicas para proteger a los consumidores más vulnerables.
Trinidad Almagro, secretaria general de la Organización de Consumidores (OCU), afirma que «el Gobierno está dando la información con cuentagotas, no se han dado todos los detalles y esperemos que antes del 1 de julio conozcamos las tarifas de último recurso. Desde la OCU queremos lanzar un mensaje de tranquilidad: no habrá cortes en el suministro eléctrico, pero recomendamos a los usuarios que analicen bien las tarifas y estudien todas las ofertas, y cuando los contratos se tramiten por teléfono o interne es muy importante exigir una copia del acuerdo».
Según Almagro, «la situación actual del consumidor es de incertidumbre y malestar porque se nos ha dado de lado y, a partir de ahora, la política de las empresas energéticas puede ser bastante agresiva paras captar clientes. Solicitamos a la Administración regional una comisión de seguimiento constituida por todos los agentes sociales».
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