Una juez mete en prisión al promotor Nicolás Mateos por una estafa millonaria

El constructor, que impulsaba un 'resort' de lujo en Brasil donde no ha llegado a poner un ladrillo, cobró unos 15 millones de euros a cientos de clientes como dinero a cuenta
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA/ La Verdad

Nunca una detención estuvo más anunciada. Luis Nicolás Mateos, presidente del Grupo Nicolas Mateos S.L., joven promotor y constructor murciano que hizo una tan fulgurante como inconsistente carrera profesional en pleno boom inmobiliario, prototipo del empresario surgido de la especulación y el pelotazo urbanísticos, creador de un imperio sostenido sobre cimientos de barro, fue arrestado ayer por la mañana por agentes de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía como sospechoso de una estafa millonaria.
La orden de detención ha sido dictada por la sustituta del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, que dirige las diligencias abiertas a raíz de la presentación de decenas de denuncias por parte de clientes de Nicolás Mateos que se sienten estafados. Aunque las actuaciones judiciales han sido declaradas secretas, fuentes próximas a la investigación señalan que los hechos que se le imputan al promotor se centran en el proyecto conocido como Lagoa do Coelho, que el ahora detenido pretendía desarrollar en el norte de Brasil.
Este resort de lujo fue oficialmente presentado en julio del año 2006 en un complejo turístico de La Moraleja, en Madrid. El empresario explicó entonces que iba a destinar una inversión de 700 millones de euros (Más de 116.600 millones de pesetas) para levantar 12.827 viviendas hasta el año 2012. Los terrenos sobre los que se edificaría el complejo estaban situados a unos siete kilómetros de la ciudad brasileña de Natal.
Cientos de perjudicados
Pese a que el propio Luis Nicolás Mateos aseguró en la presentación del proyecto que las primeras viviendas comenzarían a ser levantadas en septiembre del 2006, y que la primera fase del plan urbanístico, que contemplaba la construcción de 2.641 casas, estaría acabada en junio del 2008, la única verdad es que a día de hoy todavía no se ha colocado un solo ladrillo en aquella zona casi paradisíaca del norte de Brasil.
Esta circunstancia, que la promotora ha ido justificando como meros aunque continuados retrasos, es la que ha llevado a decenas de clientes a ir presentado una oleada de denuncias por estafa contra el cabeza visible del grupo inmobiliario. Estas personas señalan en los escritos dirigidos al juzgado que en el momento de la reserva entregaban en torno a 4.500 euros, a los que seguía un 15% del precio total del inmueble, que se daba a la firma del contrato de compraventa. Otro 25% se ceñía a la entrega de un pagaré, que iba supuestamente avalado por un pagaré bancario, aunque posteriormente se comprobó que los avales no tenían validez legal alguna: habían sido expedidos por las sociedades italianas Albatros Invest y Minos Spa, ninguna de ellas en disposición de la preceptiva autorización de la Dirección General de Seguros para operar en España. Papel mojado, en suma.
De esta manera, y vendiendo el proyecto Lagoa do Coelho sobre plano, la promotora llegó a recibir hasta el 40% del valor de las viviendas vendidas, sin que hasta ahora se haya iniciado la construcción de una sola de estas residencias.
Las estimaciones de los denunciantes, que superaban ya el centenar a mediados de esta año, apuntan a que el número de perjudicados puede superar los 500 y que la cantidad supuestamente estafada podría estar en torno a los 15 millones de euros.
¿Dónde está el dinero?
Además de obligar a avalar el dinero entregado a cuenta mediante documentos legales expedidos por entidades bancarias o compañías aseguradoras autorizadas, la ley establece que esas cantidades entregadas por los clientes a una constructora deben ser ingresadas en una cuenta bancaria especial y destinadas exclusivamente a impulsar el proyecto urbanístico.
Fuentes conocedoras de la situación del Grupo Nicolás Mateos señalan que el responsable del mismo tampoco habría cumplido con ese precepto legal, de forma que el dinero de los clientes habría sido destinado a otros fines, como inversiones realizadas por el empresario en otros ámbitos o en sus gastos personales. Éstos no eran pocos, en apariencia, si se tiene en cuenta que, entre otros detalles, disponía de un Ferrari y de un Mercedes de alta gama con chófer a su plena disposición.
Desde septiembre del 2007, el 40% del proyecto Lagoa do Coelho estaba en manos de la promotora inmobiliaria Torrevisa-Masa Internacional, que se asoció con el Grupo Nicolás Mateos para tratar de dar un impulso al gran complejo urbanístico del norte de Brasil. La entrada del grupo empresarial torrevejense no bastó para relanzar ese macroproyecto, pues fuentes conocedoras de la operación explicaron que los nuevos socios se vieron sorprendidos por el alto grado de descapitalización de la sociedad que habían adquirido en parte. «No había ni un euro de todo el dinero que los clientes habían entregado a cuenta por la reserva y compra de las viviendas», señalaron las fuentes citadas a La Verdad ya el pasado verano.
Los continuos retrasos en la fecha de inicio de las obras, unidos a la oleada de denuncias por estafa y a los propios intentos de Luis Nicolás Mateos de situarse al margen de ese proyecto en todo lo que le fuera posible -llegó a declarar el pasado junio que él ya no era el dueño de Lagoa do Coelho, pese a que sólo había vendido el 40%-, impulsaron la idea de que su arresto era sólo cuestión de tiempo.
Esta hipótesis se confirmó ayer, cuando el empresario se vio sorprendido por un grupo de policías nacionales que le leyeron sus derechos y le anunciaron que estaba detenido. Junto a él fue detenido su director general, P.F.H.N., como presunto colaborador en la estafa, así como un apoderado de la empresa suya identidad no ha trascendido.
Luis Nicolás Mateos fue puesto ayer tarde a disposición de la juez de Instrucción número 4 de Murcia, quien le tomó declaración durante cinco horas. Hacia las once de la noche ordenó su ingreso en prisión, al igual que para su director general, aunque éste quedará libre si abona una fianza de 30.000 euros.