El juez Andrés Carrillo con el sumario (Foto: CarriónLas diligencias judiciales prueban el papel preponderante de José Luis Cano en la trama
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA/La Verdad
La sociedad Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI S.L.) se constituyó el 5 de septiembre del año 2001 y desde ese momento figuró como su administrador único Domingo Peñalver Garrido. Sin embargo, no le costó demasiado esfuerzo a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comprobar que quien se encontraba detrás de esa firma era el entonces funcionario de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde y que el citado Domingo era, en el mejor de los casos, su socio y amigo, cuando no simplemente su testaferro u hombre de paja. Tanto era así que dos meses antes de constituir esa sociedad, ambos ya habían abierto una cuenta conjunta a nombre de la misma y los dos, Cano y Peñalver, estaban autorizados para operar en ella.
La estrecha relación entre Cano y Peñalver quedó aún más de relieve cuando los UCO comprobaron que la sociedad Control y GIS S.L., propiedad del funcionario de Presidencia, y la citada ACADI, a nombre de su socio, compartían domicilio social en el mismo número de la calle García Lorca de Murcia. Por si faltaba algo, las dos empresas figuran inscritas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial con numeraciones correlativas.
La importancia de estas conexiones entre uno y otro es básica para desentrañar la presunta trama de corrupción que, bajo la denominación Operación Biblioteca, fue desmantelada el mes pasado y acabó suponiendo el encarcelamiento durante dos semanas del citado Cano, del alcalde de Librilla, José Martínez García; del teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, y del gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora. Todos ellos, que ya están en libertad provisional, están imputados en las diligencias abiertas por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsificación de documentos públicos.
La investigación policial y judicial, parte de cuya documentación se encuentra ya en poder de La Verdad, surge de la citada conexión entre Cano y Peñalver y, a raíz de ahí, se centra en averiguar cómo ambos -fundamentalmente el primero- se enriquecieron gracias a la adjudicación de gran cantidad de contratos públicos de la Consejería de Presidencia y del Ayuntamiento de Librilla, sobre todo, pero también de otros consistorios como los de Caravaca de la Cruz y Aledo.
Y todo ello, supuestamente, gracias a la privilegiada posición que Cano tenía como responsable del Servicio de Asesoramiento Técnico para Municipios de la Comunidad Autónoma.
«Informes arbitrarios»
«Hay indicios suficientes para afirmar que José Luis Cano, desde su puesto de funcionario y como ingeniero superior, ha informado proyectos pendientes de adjudicación pública de manera arbitraria. El propósito de estos informes habría sido beneficiar económicamente a ACADI -sociedad de su propiedad en un 50%-, abusando de su condición pública, lo que lleva a pensar que con la emisión de los citados informes estaríamos supuestamente ante un caso de prevaricación administrativa». Tal conclusión puede leerse en un informe-resumen redactado por la UCO el pasado 22 de septiembre y que está incluido en las citadas diligencias.
Los agentes consideran probable además que las cantidades presupuestadas por los contratos «hubieran sido elevadas arbitrariamente, ya que así sería mayor el beneficio».
Lo que los investigadores vienen a decir es que durante largos años, desde el 2001 hasta que se marchó con una excedencia el 31 de mayo del 2007, José Luis Cano se habría aprovechado de su condición de alto funcionario de Presidencia para impulsar la adjudicación de contratos de esa consejería a ACADI, la sociedad que compartía con su socio y amigo Peñalver.
Cuando el año pasado ya surgieron sospechas sobre Cano, Presidencia le abrió expediente, que se archivó al no hallarse nada irregular.
Ahora, los UCO, con la colaboración de especialistas de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, han comprobado que ACADI facturó a la Comunidad Autónoma -en su gran mayoría a Presidencia- casi 1,1 millones de euros (unos 183 millones de pesetas): 48.790 euros en el 2001; 46.330 euros en el 2002; 186.672 euros (2003); 246.153 euros (2004); 333.982 euros (2005) y 229.048 euros (2006).
Actor principal y secundario
El papel secundario que Domingo Peñalver desempeñaría en esta sociedad respecto de José Luis Cano queda de manifiesto por el hecho de que ACADI trasvasó en ese años un total de 1,05 millones de euros (casi 175 millones de pesetas) a las cuentas de Control & GIS, que Cano poseía al 100% junto a su esposa Josefa B.B., también imputada en el caso.
Con ello se demuestra que prácticamente todo el dinero que ACADI facturaba a la Comunidad Autónoma acababa en manos del funcionario que trabajaba para esta administración pública.
Asunto bien distinto parecía ocurrir cuando ACADI obtenía los contratos de otras entidades públicas, como el Ayuntamiento de Librilla. En estos casos, los UCO consideran que era Domingo Peñalver quien se encontraba en situación privilegiada para hacerse con el dinero público, ya que éste estaba prestando sus servicios técnicos al citado consistorio desde el año 2004. Desde ese momento, y hasta el año 2006, ACADI recibió de las arcas de Librilla un total de 3.008.601 euros (más de 500 millones de pesetas), bien por contratos adjudicados directamente desde el Ayuntamiento u otorgados desde la sociedad municipal IDL.
Las investigaciones judiciales y policiales apuntan a que ACADI -esto es, Cano y Peñalver- habría conseguido tal cantidad de contratos públicos gracias a la connivencia del alcalde, José Martínez; del concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y del gerente de IDL, José Andrés Cortés, quien consiguió la plaza de funcionario siendo José Luis Cano miembro del tribunal de oposición.
A cambio de esos contratos, Cano y Peñalver habrían abonado diversas comisiones a los tres altos funcionarios públicos de Librilla, tal y como el propio Peñalver confesó ante el juez haber hecho.
En esta línea de investigación, y más allá de las declaraciones de ese imputado, los UCO yan han encontrado datos objetivos que apuntan a posible gratificaciones económicas a cambio de la adjudicación de contratos públicos, al menos en lo que se refiere al gerente de IDL.
Así, han comprobado que en el año 2005, en el que ACADI recibió contratos de IDL por importe de 417.600 euros, Cano y Peñalver ingresaron 18.335 euros en las cuentas de Francisca G.M., esposa de José Andrés Cortés Otálora. «Estas transferencias -reseñan los especialistas de la Guardia Civil en su informe del pasado septiembre- están bajo la sospecha de ser pagos encubiertos».
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA/La Verdad
La sociedad Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI S.L.) se constituyó el 5 de septiembre del año 2001 y desde ese momento figuró como su administrador único Domingo Peñalver Garrido. Sin embargo, no le costó demasiado esfuerzo a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comprobar que quien se encontraba detrás de esa firma era el entonces funcionario de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde y que el citado Domingo era, en el mejor de los casos, su socio y amigo, cuando no simplemente su testaferro u hombre de paja. Tanto era así que dos meses antes de constituir esa sociedad, ambos ya habían abierto una cuenta conjunta a nombre de la misma y los dos, Cano y Peñalver, estaban autorizados para operar en ella.
La estrecha relación entre Cano y Peñalver quedó aún más de relieve cuando los UCO comprobaron que la sociedad Control y GIS S.L., propiedad del funcionario de Presidencia, y la citada ACADI, a nombre de su socio, compartían domicilio social en el mismo número de la calle García Lorca de Murcia. Por si faltaba algo, las dos empresas figuran inscritas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial con numeraciones correlativas.
La importancia de estas conexiones entre uno y otro es básica para desentrañar la presunta trama de corrupción que, bajo la denominación Operación Biblioteca, fue desmantelada el mes pasado y acabó suponiendo el encarcelamiento durante dos semanas del citado Cano, del alcalde de Librilla, José Martínez García; del teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, y del gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora. Todos ellos, que ya están en libertad provisional, están imputados en las diligencias abiertas por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsificación de documentos públicos.
La investigación policial y judicial, parte de cuya documentación se encuentra ya en poder de La Verdad, surge de la citada conexión entre Cano y Peñalver y, a raíz de ahí, se centra en averiguar cómo ambos -fundamentalmente el primero- se enriquecieron gracias a la adjudicación de gran cantidad de contratos públicos de la Consejería de Presidencia y del Ayuntamiento de Librilla, sobre todo, pero también de otros consistorios como los de Caravaca de la Cruz y Aledo.
Y todo ello, supuestamente, gracias a la privilegiada posición que Cano tenía como responsable del Servicio de Asesoramiento Técnico para Municipios de la Comunidad Autónoma.
«Informes arbitrarios»
«Hay indicios suficientes para afirmar que José Luis Cano, desde su puesto de funcionario y como ingeniero superior, ha informado proyectos pendientes de adjudicación pública de manera arbitraria. El propósito de estos informes habría sido beneficiar económicamente a ACADI -sociedad de su propiedad en un 50%-, abusando de su condición pública, lo que lleva a pensar que con la emisión de los citados informes estaríamos supuestamente ante un caso de prevaricación administrativa». Tal conclusión puede leerse en un informe-resumen redactado por la UCO el pasado 22 de septiembre y que está incluido en las citadas diligencias.
Los agentes consideran probable además que las cantidades presupuestadas por los contratos «hubieran sido elevadas arbitrariamente, ya que así sería mayor el beneficio».
Lo que los investigadores vienen a decir es que durante largos años, desde el 2001 hasta que se marchó con una excedencia el 31 de mayo del 2007, José Luis Cano se habría aprovechado de su condición de alto funcionario de Presidencia para impulsar la adjudicación de contratos de esa consejería a ACADI, la sociedad que compartía con su socio y amigo Peñalver.
Cuando el año pasado ya surgieron sospechas sobre Cano, Presidencia le abrió expediente, que se archivó al no hallarse nada irregular.
Ahora, los UCO, con la colaboración de especialistas de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, han comprobado que ACADI facturó a la Comunidad Autónoma -en su gran mayoría a Presidencia- casi 1,1 millones de euros (unos 183 millones de pesetas): 48.790 euros en el 2001; 46.330 euros en el 2002; 186.672 euros (2003); 246.153 euros (2004); 333.982 euros (2005) y 229.048 euros (2006).
Actor principal y secundario
El papel secundario que Domingo Peñalver desempeñaría en esta sociedad respecto de José Luis Cano queda de manifiesto por el hecho de que ACADI trasvasó en ese años un total de 1,05 millones de euros (casi 175 millones de pesetas) a las cuentas de Control & GIS, que Cano poseía al 100% junto a su esposa Josefa B.B., también imputada en el caso.
Con ello se demuestra que prácticamente todo el dinero que ACADI facturaba a la Comunidad Autónoma acababa en manos del funcionario que trabajaba para esta administración pública.
Asunto bien distinto parecía ocurrir cuando ACADI obtenía los contratos de otras entidades públicas, como el Ayuntamiento de Librilla. En estos casos, los UCO consideran que era Domingo Peñalver quien se encontraba en situación privilegiada para hacerse con el dinero público, ya que éste estaba prestando sus servicios técnicos al citado consistorio desde el año 2004. Desde ese momento, y hasta el año 2006, ACADI recibió de las arcas de Librilla un total de 3.008.601 euros (más de 500 millones de pesetas), bien por contratos adjudicados directamente desde el Ayuntamiento u otorgados desde la sociedad municipal IDL.
Las investigaciones judiciales y policiales apuntan a que ACADI -esto es, Cano y Peñalver- habría conseguido tal cantidad de contratos públicos gracias a la connivencia del alcalde, José Martínez; del concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y del gerente de IDL, José Andrés Cortés, quien consiguió la plaza de funcionario siendo José Luis Cano miembro del tribunal de oposición.
A cambio de esos contratos, Cano y Peñalver habrían abonado diversas comisiones a los tres altos funcionarios públicos de Librilla, tal y como el propio Peñalver confesó ante el juez haber hecho.
En esta línea de investigación, y más allá de las declaraciones de ese imputado, los UCO yan han encontrado datos objetivos que apuntan a posible gratificaciones económicas a cambio de la adjudicación de contratos públicos, al menos en lo que se refiere al gerente de IDL.
Así, han comprobado que en el año 2005, en el que ACADI recibió contratos de IDL por importe de 417.600 euros, Cano y Peñalver ingresaron 18.335 euros en las cuentas de Francisca G.M., esposa de José Andrés Cortés Otálora. «Estas transferencias -reseñan los especialistas de la Guardia Civil en su informe del pasado septiembre- están bajo la sospecha de ser pagos encubiertos».
No hay comentarios:
Publicar un comentario