CASO TOTANA / El PP constituye un 'grupo de análisis' y recurre a los mejores abogados para iniciar un contundente contraataque

La estrategia pasa por estudiar todas las actuaciones de los jueces y fiscales y tratar de forzar la nulidad de actuaciones
30.12.07 -
RICARDO FERNÁNDEZ/ La Verdad

No van a poner la otra mejilla, ni se van a limitar a encajar los golpes con los brazos cruzados. Ante las numerosas causas judiciales que se han abierto en los últimos meses contra cargos públicos del Partido Popular, y en el convencimiento íntimo de que ello responde a una estrategia «de acoso y derribo» perfectamente diseñada desde el Gobierno de la Nación y la Fiscalía, los máximos dirigentes del Partido Popular en la Región, con su secretario general, Miguel Ángel Cámara a la cabeza, han adoptado la decisión de iniciar un contundente contraataque para desactivar los asuntos abiertos y, a la vez, tratar de frenar los que -sospechan- están por iniciarse.

Las investigaciones judiciales contra los ayuntamientos de Fuente Álamo y Torre Pacheco, que tomaron cuerpo a mediados de año con sendos registros policiales en estos consistorios, ya causaron un profundo malestar en el partido. Pero ha sido la denominada Operación Totem contra la corrupción urbanística en Totana y el encarcelamiento del alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, lo que ha convencido a la plana mayor del partido de la necesidad de responder con la mayor dureza a los ataques.

CON GRAN DISCRECIÓN

Aunque esta estrategia está siendo diseñada e impulsada con la mayor discreción, por no decir con secretismo, La Verdad ha logrado desentrañar sus puntos clave tras haber consultado a media docena de fuentes directamente relacionadas con el asunto. La base de la ofensiva se establece en torno a una especie de grupo de análisis, que se ha constituido en el seno del PP regional y que está conformado por los hombres fuertes del mismo y destacados militantes con formación jurídica, además de letrados vinculados a esta formación.

Este comité, encabezado por Cámara, estaría integrado además por el portavoz del partido y alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez; el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y secretario de Política Local y Autonómica, Juan Carlos Ruiz, y el vicepresidente del partido y consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana.

A ellos se sumarían otros destacados militantes, como José Joaquín Peñarrubia, cuyas opiniones son muy valoradas por su condición de ex delegado del Gobierno y, en consecuencia, buen conocedor de la forma de actuación de las fuerzas de seguridad, y letrados como José Antonio Izquierdo, que desde hace meses ha sido el azote de ayuntamientos socialistas -ha presentado múltiples denuncias contra sus alcaldes- y de quien se valora su agudeza intelectual y gran capacidad de análisis.

Caso aparte lo constituye el diputado regional y fiscal en excedencia Manuel Campos, que es habitualmente consultado sobre las cuestiones más candentes, aunque algunas fuentes apuntan a que éste -independiente y que ha entrado en política por una apuesta personal de Ramón Luis Valcárcel- ha preferido no formar parte del citado grupo de análisis, cuya constitución tampoco habría visto con buenos ojos.

La misión de este selecto comité consiste en analizar globalmente la situación por la que atraviesa el PP, con múltiples frentes judiciales abiertos, y diseñar una respuesta eficaz y contundente. Aunque desde el seno de este grupo no se descarta que algún alcalde o alto cargo del PP haya podido incurrir en «conductas desviadas», ello no resta validez -a su modo de ver- al hecho de que el partido pueda estar «siendo objeto de una campaña perfectamente diseñada desde la Fiscalía y las fuerzas de seguridad del Estado», cuyo fin último sería «ensuciar la imagen del PP, vincularlo a la corrupción, y tratar de restarle así apoyo electoral en las próximas elecciones de marzo». Para apoyar esta particular teoría recuerdan la firmeza con la que se ha venido actuando contra ayuntamientos del PP sospechosos de corrupción, y cómo las diversas denuncias contra consistorios socialistas se han ido archivando sucesivamente en el terreno penal, «o están durmiendo el sueño de los justos, como ocurre con la investigación sobre Los Alcázares y sus vinculaciones con la trama Malaya, que lleva más de año y medio declarada secreta y sin haber estallado».

Además, están convencidos de que antes de los comicios generales «reventarán dos o tres asuntos más contra ayuntamientos nuestros».

LETRADOS DE GRAN PRESTIGIO

Otra de las grandes decisiones de este grupo -que ya ha informado a la junta directiva del partido de su constitución y de que «no estamos cruzados de brazos», aunque sin dar más detalles de su estrategia- ha sido iniciar la contratación de abogados de reconocidos prestigio y capacidad profesional, a la cabeza de los cuales se sitúa el que pasa por ser el número 1 en Derecho Penal, José Pardo Geijo.

La misión encomendada a Pardo -que ya está trabajando para el partido, aunque parece que el contrato está aún pendiente de firmar- es coordinar desde la sombra al resto de los abogados de altos cargos del PP, de forma que se lleve a efecto una estrategia conjunta de defensa y no se den disfunciones que puedan comprometer a alguno de los imputados o al propio partido; analizar con lupa las actuaciones de los fiscales y de los jueces de instrucción, con el fin de sorprenderles en posibles renuncios que permitan obtener nulidades de actuaciones o comprometer la buena marcha de las investigaciones, y, por último, ofrecer la respuesta legal adecuada en cada caso.

El hecho de que el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y el diputado y ex alcalde Juan Morales estén suspendidos cautelarmente de militancia -Morales ha sido incluso expulsado del Grupo Popular en la Asamblea Regional- no ha supuesto impedimento para que Pardo esté trabajando conjuntamente con los abogados de ambos, José Antonio Ramos Calabria y José María Caballero, respectivamente.

Una prueba ésta, en apariencia, de que el PP no se desvincula de la suerte de sus militantes ni cuando formalmente ya han dejado de serlo, por más que públicamente se pretenda dar la sensación contraria.

«PREOCUPADOS POR PEPE»

Además de Pardo Geijo, el PP ya ha cerrado la contratación de otro abogado, considerado también, dentro de la profesión, como el máximo especialista en Derecho Procesal en la Región, cuya identidad no ha sido revelada. La labor de este letrado, que trabajará mano a mano con el primero, será analizar si desde la Fiscalía y los juzgados de instrucción -especialmente el de Totana que instruye el caso Totem- se han seguido estrictamente las pautas legales obligadas o, al contrario, si se han podido tener lapsus o incurrir en extralimitaciones que puedan afectar a la suerte de la investigación.

Si toda esta estrategia de respuesta se lleva en secreto en el PP es porque se teme que su conocimiento público pueda agravar la situación del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, que lleva casi un mes ingresado en la cárcel de Sangonera. «Estamos preocupados por Pepe y no queremos que su situación de prisión preventiva se pueda alargar por esta causa. Nuestro deseo es que salga en libertad cuando antes», señalan desde el partido.