Rosario espera juicio... para 2016

Una trasplantada de pulmón tendrá que aguardar tres años para reclamar en el juzgado una pensión de invalidez

24.07.13 - 00:57 - 

J. G. BADÍA / A. NEGRE |La Verdad

Cuando Rosario Cano entre en el Juzgado de lo Social número 3 de Murcia ya habrá cumplido 31 años, incluso se habrá licenciado en Historia en la Universidad de Murcia. La citación que ha recibido esta vecina de Lorquí de 28 años para el nueve de febrero de 2016 supera con creces el retraso medio de 442 días que registran los juzgados de la Región, según recoge la memoria judicial 2012, y es un ejemplo claro de cómo afectan a los ciudadanos las carencias estructurales de la judicatura.

Pero el retraso en el señalamiento también le afectará al bolsillo, debido a que Rosario ha demandado al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) por la retirada de una prestación no contributiva de invalidez de 357 euros, y hasta que no se celebre la vista oral y posteriormente se emita la correspondiente sentencia, a su familia le tocará seguir financiando los medicamentos que necesita como enferma crónica.

Todo ello, debido a que en mayo de 2009 fue trasplantada de pulmón (fibrosis pulmonar) en el Hospital La Fe. Desde entonces «tengo unos gastos fijos de 60 euros mensuales y cada antiviral oral me cuesta 52 euros. Sin contar con ponerme enferma, porque tratarme un resfriado me cuesta 30 euros», según relata esta universitaria de 28 años. Lo hace sin contar con los dos viajes mensuales de 90 euros cada uno, que realiza a Valencia para recibir consulta en la Unidad de Trasplante Pulmonar de La Fe.

En casa se esperaban cierta demora en el señalamiento judicial, pero tras conocer la fecha prevista en 2016 se sienten «indignados. La fecha del juicio está muy lejana y me siento desprotegida». Tal sentimiento lo comprende a la perfección su abogada Consuelo Hernández García, que recuerda que «en 27 años de carrera jamás he visto algo así. Me parece excesivo, porque se le está causando un grave perjuicio moral y económico». La pensión de invalidez no contributiva le fue concedida a su cliente en agosto de 2010, cuando el Equipo de Valoración y Orientación del IMAS cifró su grado de discapacidad en el 71%, con una validez hasta el 6 de julio de 2012.

Pero al someterse dos años después a la correspondiente revisión del IMAS, situaron el grado de discapacidad por debajo del 65% que exige este tipo de pensiones, rebajándolo al 39%, y sin posibilidad de renovar la prestación. Por todo ello, la letrada del bufete Asensio Hernández Abogados, de Molina de Segura, recuerda que «el juicio se señala para casi cuatro años más tarde (2016) desde que se le extingue el derecho (2012) tanto a percibir prestación económica, como a otras prestaciones de tipo farmacéutico».

Recurrirán al CGPJ

Pero Rosario no solo está sufriendo la tradicional demora de la Justicia, también la de la Administración regional que desestimó su reclamación administrativa el pasado mes de abril, «casi un año después de haberla presentado», según critica su abogada.

Estos continuos retrasos están dejando a su defendida «en una situación depresiva por no poder defenderse. Se trata de una enfermedad delicada y a la hora de fijar los señalamientos deberían de tenerse en cuenta los derechos del justiciable».

Igual de crítico se mostró ayer el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez Escribano: «Es de locos, supone una quiebra de la tutela judicial efectiva». Reconoció que «hay una acumulación de procedimientos en los juzgados debido a la crisis, pero hay que hacer algo porque el retraso genera cierta desconfianza». Según Martínez Escribano, «las soluciones» para evitar que los señalamientos que se fijen en 2013 lleguen hasta 2016 como le ocurre a Rosario, podrían pasar «por colocar dos jueces por juzgado».

Aunque la letrada de esta vecina de Lorquí no piensa esperar a que se desbloquee el atasco que sufren los juzgados y avanza que recurrirá al Consejero General del Poder Judicial para que adelanten la vista.

Entretanto, el padre de Rosario, el único con trabajo en casa, deberá seguir pagando el tratamiento y los viajes de su hija. No les queda otra en casa hasta que el Juzgado de lo Social número 3 de Murcia determine en 2016 si el IMAS debe restituir la pensión de 357 euros que le retiró a esta enferma crónica cuando dejó de utilizar su respirador, pero que pese a todo, sigue sin poder trabajar porque está imposibilitada para realizar esfuerzos que aceleren su respiración.