Pedro Antonio Sánchez se comprometió a dar al juez "toda la información que requiera y a colaborar con la administración de Justicia en que su labor sea lo más transparente y nítida posible"
23.01.08 - 12:53 -
EFE LORCA/ La Verdad
23.01.08 - 12:53 -
EFE LORCA/ La Verdad
El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, del PP, compareció hoy en los juzgados de Lorca para responder a las acusaciones de prevaricación urbanística y tráfico de influencias derivadas de una querella interpuesta contra él por el PSOE en el año 2007, y antes de su declaración dijo estar "muy tranquilo" y "confiar en la justicia".
Sánchez, acompañado por sus abogados, llegó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno, que ha admitido a trámite la querella criminal del PSOE a las diez de la mañana, y atendió a los medios de comunicación que lo esperaban a las puertas de los juzgados, en el que también declararon ex concejales del PP y técnicos del consistorio.
El alcalde manifestó que acudía "voluntariamente" al juzgado, ya que podía haberse negado a hacerlo por su condición de aforado al ser diputado regional, y explicó que su deseo es "que las cosas se aclaren cuanto antes".
Recordó que la querella que hoy le llevó ante el juez fue interpuesta a dos meses de las elecciones municipales de 2007 por el anterior grupo municipal del PSOE en el consistorio lumbrerense, y que en la misma "acusaban a todo el equipo de Gobierno y a técnicos de unos delitos que tenemos ganas de aclarar".
Esos presuntos delitos, junto con los de prevaricación y tráfico de influencias, son los de negociación prohibida a funcionarios y falsedad de documento público.
Sánchez se comprometió a dar al juez "toda la información que requiera y a colaborar con la administración de Justicia en que su labor sea lo más transparente y nítida posible, para que las cosas queden en su justo lugar y medida".
El alcalde abundó en que su citación judicial no responde "a ninguna investigación policial, ni ha habido registros ni escuchas" y añadió que solo obedece "a la denuncia de los concejales del PSOE a dos meses de las elecciones y de la que ahora el juez quiere saber nuestra opinión".
Calificó el caso de "clara denuncia preelectoral", y consideró como "curioso" el hecho de que el PSRM-PSOE "no se haya pronunciado sobre esta cuestión de una forma clara".
En este sentido, dijo querer saber "qué opina de esto y si está de acuerdo con la denuncia Pedro Saura, secretario general de los socialistas murcianos, que al final es el jefe de los que denunciaron, que ya no son concejales y que ahora guardan silencio".
El político del PP también anunció que una vez que la justicia se pronuncie sobre el caso "hablaremos nosotros", y que exigirá también por la vía judicial responsabilidades a los denunciantes y la restitución de los perjuicios que la querella haya causado en su imagen pública y en su derecho al honor.
Sobre la judicialización de la política, dijo que "es preocupante" y exigió "rigor y seriedad a todos los partidos políticos y a las instituciones, también la jurídica, porque no podemos seguir sembrando la duda permanente en los ciudadanos. No vale todo y en política tampoco", concluyó.
Criticó las "estrategias judiciales" en política y el usar a los tribunales "para el pim-pam-pum de la política, porque eso perjudica la imagen de las instituciones".
Sánchez dijo confiar en que la querella interpuesta en febrero de 2007 por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras sea archivada, al igual que ocurrió con otra contra él por el ex alcalde socialista José Cerrillo en la que le acusaba de injurias y falsedad documental, entre otros delitos.
El alcalde dijo tener "la conciencia muy tranquila y ser muy consciente de lo que he hecho y de lo que no he hecho".
El PSOE en su querella le acusa, junto al resto de los concejales del equipo de Gobierno del PP, de conceder con trato de favor licencia de obras a un concejal popular siendo ésta presuntamente contraria al planeamiento urbanístico, así como de conceder licencia de construcción de un edificio de ocho viviendas, bajos comerciales y garajes en beneficio de una empresa mercantil, en una zona clasificada como zona verde en el planeamiento municipal.
Sánchez, acompañado por sus abogados, llegó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno, que ha admitido a trámite la querella criminal del PSOE a las diez de la mañana, y atendió a los medios de comunicación que lo esperaban a las puertas de los juzgados, en el que también declararon ex concejales del PP y técnicos del consistorio.
El alcalde manifestó que acudía "voluntariamente" al juzgado, ya que podía haberse negado a hacerlo por su condición de aforado al ser diputado regional, y explicó que su deseo es "que las cosas se aclaren cuanto antes".
Recordó que la querella que hoy le llevó ante el juez fue interpuesta a dos meses de las elecciones municipales de 2007 por el anterior grupo municipal del PSOE en el consistorio lumbrerense, y que en la misma "acusaban a todo el equipo de Gobierno y a técnicos de unos delitos que tenemos ganas de aclarar".
Esos presuntos delitos, junto con los de prevaricación y tráfico de influencias, son los de negociación prohibida a funcionarios y falsedad de documento público.
Sánchez se comprometió a dar al juez "toda la información que requiera y a colaborar con la administración de Justicia en que su labor sea lo más transparente y nítida posible, para que las cosas queden en su justo lugar y medida".
El alcalde abundó en que su citación judicial no responde "a ninguna investigación policial, ni ha habido registros ni escuchas" y añadió que solo obedece "a la denuncia de los concejales del PSOE a dos meses de las elecciones y de la que ahora el juez quiere saber nuestra opinión".
Calificó el caso de "clara denuncia preelectoral", y consideró como "curioso" el hecho de que el PSRM-PSOE "no se haya pronunciado sobre esta cuestión de una forma clara".
En este sentido, dijo querer saber "qué opina de esto y si está de acuerdo con la denuncia Pedro Saura, secretario general de los socialistas murcianos, que al final es el jefe de los que denunciaron, que ya no son concejales y que ahora guardan silencio".
El político del PP también anunció que una vez que la justicia se pronuncie sobre el caso "hablaremos nosotros", y que exigirá también por la vía judicial responsabilidades a los denunciantes y la restitución de los perjuicios que la querella haya causado en su imagen pública y en su derecho al honor.
Sobre la judicialización de la política, dijo que "es preocupante" y exigió "rigor y seriedad a todos los partidos políticos y a las instituciones, también la jurídica, porque no podemos seguir sembrando la duda permanente en los ciudadanos. No vale todo y en política tampoco", concluyó.
Criticó las "estrategias judiciales" en política y el usar a los tribunales "para el pim-pam-pum de la política, porque eso perjudica la imagen de las instituciones".
Sánchez dijo confiar en que la querella interpuesta en febrero de 2007 por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras sea archivada, al igual que ocurrió con otra contra él por el ex alcalde socialista José Cerrillo en la que le acusaba de injurias y falsedad documental, entre otros delitos.
El alcalde dijo tener "la conciencia muy tranquila y ser muy consciente de lo que he hecho y de lo que no he hecho".
El PSOE en su querella le acusa, junto al resto de los concejales del equipo de Gobierno del PP, de conceder con trato de favor licencia de obras a un concejal popular siendo ésta presuntamente contraria al planeamiento urbanístico, así como de conceder licencia de construcción de un edificio de ocho viviendas, bajos comerciales y garajes en beneficio de una empresa mercantil, en una zona clasificada como zona verde en el planeamiento municipal.
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