De la Vega anuncia que el Gobierno propondrá la reforma de la Constitución y de la Ley Electoral

La Verdad
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha comparecido ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar las líneas fundamentales de la acción del Gobierno en los próximos cuatro años entre las que se destacan la reforma de la Carta Magna y de la Ley de Régimen Electoral, para lo que el Ejecutivo de Zapatero pedirá "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado.
Para llevar a cabo la primera reforma, De la Vega ha asegurado que el Gobierno tratará de "recabar el consenso necesario" que no fue posible en la anterior legislatura ya que la citada modificación, a su juicio, es "necesaria, justificada y demandada por una nueva realidad política y social".
La reforma pretende hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar a la Constitución la denominación de las comunidades autónomas, garantizar la igualdad de género en el acceso a la jefatura del Estado e incorporar el proceso de integración europea.
Como ya adelantó Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, el Ejecutivo promoverá de inmediato la creación de una subcomisión para evaluar "posibles cambios" en la ley electoral, "buscando siempre el acuerdo y el mayor consenso posible". En la misma línea, solicitará "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado que será remitido a la subcomisión para que lo use como "herramienta de trabajo".
Revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
La vicepresidenta, que ha comenzado su intervención subrayando el empeño del Gobierno socialista en defender y promover la igualdad, ha recordado además que el Ejecutivo promoverá una Ley Integral para la Igualdad de Trato y contra la Discriminación, aprobará un Plan de Derechos Humanos antes de que termine el año y revisará la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso" que caracteriza a "la España de hoy".
Respecto a esta última, De la Vega ha resaltado que la nueva ley deberá establecer garantías para la libertad de conciencia e incorporar los acuerdos hoy vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años.
En su intervención, la vicepresidenta ha destacado los "avances" que el Ejecutivo promovió durante la anterior Legislatura en materia de derechos individuales. Entre ellos, ha citado el derecho a la vida, a la libertad de creencias religiosas ideológicas, a la igualdad jurídica para contraer matrimonio con independencia de la orientación sexual, así como en el derecho a la vida privada y al honor.
Sin embargo, ha advertido que "algunos hechos y decisiones acontecidas en los últimos meses han podido venir a mermar las garantías en el ejercicio de alguno de estos derechos fundamentales e individuales".
Interrupción voluntaria del embarazo
En este sentido, se ha referido a la intervención judicial sobre clínicas abortistas y a las "mujeres que vieron peligrar su derecho a la intimidad o a la confidencialidad de sus datos en el ejercicio de otro derecho, como es el de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos en la Ley".
De la Vega también se refirió al convenio de la Comunidad de Madrid por el cual el Servicio de Asistencia Religiosa Católica podría formar parte del comité de ética de cuidados paliativos de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid. "Tanto en un caso como en otro, el Gobierno ha puesto en marcha distintos mecanismos destinados a garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales, -concretamente a la intimidad y la confidencialidad, y a la salud y la libertad religiosa-", ha aseverado.
Asimismo, la vicepresidente ha anunciado que el Ejecutivo promoverá el desarrollo reglamentario de la Ley de Asociaciones y de la conocida como ley de la 'memoria histórica' y revitalizará la Comisión Delegada de Asuntos Autonómicos y hará preceptivo que todos los proyectos de ley incorporen un Informe de Impacto Autonómico.
Entre las principales promesas electorales socialistas estaban la Ley General Audiovisual y la creación de un Consejo de Superior de Medios Audiovisuales, que el Gobierno espera sacar adelante los próximos cuatro años