Rajoy deja para septiembre las asignaturas 'hueso' del PP

01.08.10 - 00:29 -
ANTONIO MONTILLA / La Verdad
Las reformas de Zapatero, pedidas por el PP durante dos años, le obligan a cambiar de discurso antes de las autonómicas
El líder de la oposición se va de vacaciones sin cerrar la puerta a que haya imputados por corrupción en las listas electorales de su partido

Mariano Rajoy, defensor a ultranza del dirigente político previsible, mantendrá un año más sus hábitos de asueto: la familia y Pontevedra. Las vacaciones, eso sí, serán más cortas de lo habitual. Tampoco podrá desconectar del día a día de su partido, porque septiembre exigirá respuestas a cuestiones tan sensibles como definitivas. La canícula dejará paso al pistoletazo de la precampaña electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos de 2011. Serán meses intensos. El termómetro de las encuestas mantendrá la temperatura óptima del ánimo de los populares. Una victoria por goleada del PP catapultaría a Rajoy hacia la Moncloa, pero el PSOE se mueve. José Luis Rodríguez Zapatero, después de tocar fondo, intenta remontar y recuperar la iniciativa política.
Los socialistas están atentos a posibles errores de su rival. Rajoy, al que los sondeos le otorgan el marchamo de favorito, deberá discernir cómo solucionar enredos mayúsculos y otras intendencias. Estas son algunas de las tareas que el líder del PP debe acabar en agosto.
El dilema de Valencia - Violar o no el código ético del partido
«Las costuras del partido no aguantan otra vuelta en Valencia». La frase, de un miembro de la ejecutiva nacional del PP, pone de manifiesto el laberinto al que se enfrenta Mariano Rajoy. O mete el bisturí y extirpa cualquier atisbo de corrupción o aguarda a que los jueces dicten sentencia. La segunda opción, la preferida de los dirigentes populares valencianos, conlleva un mérito envenenado: convertir al PP en el primer partido de la historia democrática en presentar a unas elecciones autonómicas a candidatos imputados penalmente y, además, violar de manera flagrante el Código de Buenas Prácticas del PP y las bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción que los populares negocian en la actualidad con los socialistas. ¿Qué impide a Rajoy actuar en Valencia con la misma contundencia empleada en Madrid? La respuesta es cuantitativa y cualitativa. Al líder del PP le bastó con pedir la dimisión del ex tesorero y ex senador Luis Bárcenas y del ex diputado Luis Merino para dejar al 'caso Gürtel' huérfano de representantes populares madrileños. En Valencia, sin embargo, éste y otros procesos judiciales afectan, nada más y nada menos, que al presidente regional del partido y mandatario autonómico, Francisco Camps, a otros cuatro miembros del Gobierno valenciano y a Carlos Fabra y a José Joaquín Ripoll, presidentes provinciales del PP de Castellón y Alicante, respectivamente. Por lo tanto, si Rajoy quiere cercenar la figura del dirigente-imputado tendría que remover los cimientos de partido y todo ello a menos de un año de las elecciones autonómicas. De momento, el dirigente valenciano ha lanzado un desafío sin que nadie le tosa. El jueves presentó su comité electoral. El líder de la oposición guarda silencio. Cambiar a la cúpula en un momento tan delicado podría bloquear al partido y poner en riesgo la victoria electoral en 2011, que ahora dan por segura todas las encuestas. Tampoco se conoce a ciencia cierta el efecto que podría producir en el electorado valenciano un juicio con su presidente en el banquillo o una condena contra algún cabeza de cartel.
En todo ello piensa en estos momentos Rajoy. Una cavilación que le ha obligado a posponer hasta septiembre la designación del grueso de candidatos a presidentes autonómicos, lo que ha abierto otro frente -de características muy distintas- en Asturias con el culebrón de Francisco Álvarez Cascos.
Si opta por esperar a que los tribunales hablen -una sentencia en firme puede demorarse más allá de 2011-, estaría firmando la condena del Código de Buenas Prácticas del PP que obliga -en su punto número ocho- a los militantes del PP inmersos en «cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de la comisión de un delito» a poner su cargo a disposición del partido. También le restaría autoridad moral para exigir al PSOE y al resto de fuerzas políticas que apoyen el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción, que auspician los populares y que propone textualmente dar una «respuesta contundente» ante aquellos que aprovechan su cargo público para sacar beneficio privado, «porque la sociedad no puede percibir el menos atisbo de complicidad, debilidad o permisividad en las actuaciones contra la corrupción».
Reformas a contrapié - Variaciones obligadas en el discurso
Cuidado con lo que se desea con ahínco, porque puede acabar cumpliéndose. Mariano Rajoy lleva casi dos años criticando a José Luis Rodríguez Zapatero por no emprender reformas estructurales que permitieran a España salir más rápido y mejor de la crisis económica. El líder del PP se ha pasado meses apuntando la necesidad de reducir el déficit público, variar el mercado laboral, cambiar las reglas que rigen nuestro sistema financiero y mejorar la educación.
Las presiones de la Unión Europea y de los mercados internacionales doblegaron la negativa de Zapatero, que, finalmente, ha acometido aquellos cambios que le demandaba el líder del PP, pero Rajoy no se mueve del erre que erre al considerar ahora que lo de menos es que Zapatero haya hecho las reformas, lo importante es que las ha hecho mal. Un argumento que apuntala la campaña que ha iniciado el PP en favor del adelanto electoral.
«Quien ha provocado el problema no puede estar en la solución», repite de forma asidua el líder popular. Pero Zapatero se crece y después del «no estamos tal mal, estamos mejor de lo que parece», con el que el secretario general del PSOE arengó a sus tropas, Rajoy debe dar un golpe de efecto para recuperar la iniciativa política en septiembre.
Uno de los objetivos es acabar con los mantras socialistas sobre la falta de alternativa del PP. Los populares desmenuzarán sus propuestas para hacerlas más accesibles. Y todo ello sin bajar el pistón en la denuncia del principal debe del Ejecutivo socialista, el desempleo, que afecta a más de cuatro millones de españoles.
Antídoto contra la 'geometría variable' - Acercamiento a los nacionalistas
Parte del éxito de la 'geometría variable' que ha permitido al Gobierno socialista sacar adelante su programa electoral y sus adendas -sobre todo el decreto para reducir el déficit público- descansa en el distanciamiento del PP con las fuerzas nacionalistas. Rajoy se ha empeñado en tender puentes de entendimientos con PNV y CiU para acentuar la soledad con la que Rodríguez Zapatero convive en la actualidad en la Cámara Baja. La tarea resulta ardua porque los populares apoyan al PSOE en el Gobierno del País Vasco y su recurso contra el 'Estatut' lo distancia de los nacionalistas catalanes. La empecinada búsqueda de un terreno común donde puedan coincidir PP y estas dos formaciones han generado críticas de los sectores más conservadores, sobre todo por la tibieza con la que Génova ha actuado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba 14 artículos del 'Estatut'. Tal vez por ello, Rajoy se ha desmarcado esta semana anunciando que defenderá «el sentimiento español» cuando llegue a la Moncloa. Pero el mandatario popular seguirá sembrando en septiembre, aunque sin esperar frutos más allá del medio plazo. Si Zapatero no logra sacar adelante los Presupuestos Generales para 2011 -sólo el PNV se ha mostrado dispuesto a negociar-, el adelanto electoral ganará enteros. Un escenario que también estudiarán los populares en agosto.
Un PP más social - Búsqueda de votos en feudos ajenos
María Dolores de Cospedal abrió el melón al defender que el PP era el verdadero «partido de los trabajadores». Javier Arenas abundó en este cambio de registro al afirmar que en su partido «nadie iba de 'progre', pero hacía políticas progresistas». Rajoy ha tomado otro sendero, aunque para llegar al mismo camino: acusa a Zapatero de protagonizar el mayor caso de «travestismo político» al acometer el «mayor recorte social» de la democracia. Unos mensajes que calan con facilidad en los más de cuatro millones de desempleados que hay en estos momentos en España. En septiembre, insistirán en las secuelas de la ausencia de Zapatero en Rodiezmo y continuarán hurgando en la caída de los reproches más tópicos que el PSOE dedicaba al PP, como que Aznar «congeló» el sueldo de los funcionarios. Ahora Zapatero es el presidente que ha bajado un 5% los emolumentos de los trabajadores públicos y, lo que es más «antisocialista» -recalca un dirigente del PP-, pasará a la historia como el mandatario que «se cargó el Pacto de Toledo» al «congelar las pensiones».