Medio Ambiente no aceptará una reserva que le condicione en Castilla-La Mancha y la ve innecesaria31.12.09 - 00:46 -
M. BUITRAGO MURCIA. / La Verdad
El Ministerio de Medio Ambiente considera que Castilla-La Mancha puede disponer de toda el agua que necesite, ahora y en el futuro, con las leyes actuales, por lo que considera innecesario que se fije una reserva estratégica para esta Comunidad, según han señalado a este diario fuentes autorizadas. En este sentido, el departamento de Elena Espinosa no está dispuesto a que se establezca una reserva en el Estatuto de Castilla-La Mancha que «condicione» al Ministerio a la hora de realizar la planificación hidrológica de las cuencas intercomunitarias, como son las del Tajo, Júcar, Guadiana o Segura, que serían las que podrían verse afectadas si se acordara una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos, como defienden el Gobierno de Castilla-La Mancha y los diputados socialistas de esta Región.
La estrategia del Ministerio por ahora consiste en dejar trabajar a la Comisión Constitucional del Congreso, que podría reunirse en marzo para analizar las enmiendas que hayan presentado hasta ese momento los grupos parlamentarios. El Ministerio no tendría inconveniente en que figurara alguna referencia a dicha reserva dentro del Estatuto -probablemente en el preámbulo o en alguna disposición final-, pero en cualquier caso no tendría carácter vinculante ni obligatorio.
«Castilla-La Mancha ya tiene por ley toda el agua que precisa. No hay necesidad de que se fije una reserva», precisaron ayer a esta Redacción. La ley de aguas y las normas relativas al acueducto Tajo-Segura, regulado jurídicamente desde el año 1967, y que tomaron cuerpo en los años 1971 y 1980, subrayan la prioridad de la cuenca cedente, en este caso la del Tajo, para atender sus necesidades actuales y futuras. En este sentido, recordaron ayer que Castilla-La Mancha, al igual que Madrid y Extremadura, pueden disponer legalmente cuando quieran de todos los recursos que necesiten. «Esta circunstancia no ha variado ni lo hará», apostillaron.
Pulso territorial
La polémica sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha se ha avivado de nuevo entre los territorios y los partidos. El enfrentamiento interno en el seno del PSOE y PP es evidente. El Gobierno de José María Barreda ha criticado abiertamente al secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, quien manifestó el lunes pasado que Barreda sólo cuenta en el Congreso con los apoyos de sus diputados, pero no del Gobierno de la nación ni del Grupo Parlamentario Socialista. Saura reiteró ayer que su postura no ha variado y que se opondrá a un texto que perjudique a la Región de Murcia. Su compañero de la Comunidad Valenciana, Jorge Alarte, ha garantizado a los regantes del Tajo-Segura, con quienes se ha reunido en Valencia, que no admitirá ningún texto que reduzca o elimine el acueducto. El Ejecutivo de Barreda admitió el pasado lunes que la reserva supone el fin inmediato del Trasvase del Tajo-Segura, por lo que no era necesario insistir sobre la fecha de caducidad del 2015.
En las filas del PP, el presidente Ramón Luis Valcárcel insiste en que no va a tolerar fechas de caducidad ni reservas estratégicas. Devolvió la pelota lanzada el día anterior por la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, cuando declaró que todos los diputados populares votarán lo que decida la dirección nacional y no admitirá actos de rebeldía parlamentaria. El PP murciano se mantiene en su decisión de no votar a favor de cualquier artículo o disposición que merme el funcionamiento del Tajo-Segura.
En el Gobierno de la nación creen que el Estatuto castellano manchego puede recoger alguna referencia a la reserva de agua, pero siempre que sea como una aspiración de esta Comunidad Autónoma y figure como una declaración de intenciones, como ocurre con el texto de Aragón. En esta región, su Estatuto plasma explícitamente un caudal de 6.550 hectómetros pero en la práctica no obliga al Ministerio. En definitiva, el papel lo aguanta todo.
Las mismas fuentes del Ministerio de Medio Ambiente opinan que José María Barreda podría aceptar que se incluya una reserva no condicionada. «Ya ha realizado un gesto muy importante eliminando del texto la fecha de caducidad del Trasvase Tajo-Segura», precisaron. «Ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular».
El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, insistió en que el Ejecutivo regional «no acepta nada. Ni caducidad ni reserva». «Nosotros no hablamos de reserva porque no contemplamos esa posibilidad. Nos da igual la cantidad de la que se hable. Si en otros estatutos se ha puedo algún volumen, está mal hecho. Creemos que no hay que seguir haciendo las cosas mal», dijo en referencia al texto de Aragón que apoyó el Partido Popular, razón por la cual el PSOE de Castilla-La Mancha reprocha a los populares que se nieguen a admitir para esta región lo mismo que otorgaron a la otra. Éste es 'el gancho de izquierda' que lanzan a diario los socialistas de Toledo contra el flanco de María Dolores de Cospedal.
Ir al Constitucional
Antonio Cerdá emplea el mismo argumento que el Ministerio de Medio Ambiente. «Castilla-La Mancha puede retirar por ley toda el agua que quiera del Tajo o de cualquier otro río que pase por ese territorio, por lo que no tiene ningún sentido incluir una reserva en su Estatuto». Comentó que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel presentará un recurso en el Tribunal Constitucional si llega el caso, ya que a su juicio la mayoría de preceptos relativos al agua son inconstitucionales. El Ejecutivo de Valcárcel, al igual que los regantes, no conciben que se fije una reserva, por pequeña que sea, en la cabecera del Tajo, ya que eso supondría el fin de acueducto debido a que el Sistema Entrepeña-Buendía apenas tiene recursos para atender las demandas del Alto Tajo, Las Tablas de Daimiel y las necesidades de la cuenca del Segura. Hay que sumar los 50 hectómetros que se derivarán a Ciudad Real cuando se termine el acueducto en construcción.
Cerdá solicita al Gobierno de Rodríguez Zapatero «que diga claramente lo que piensa sobre el Trasvase. No sabemos lo que quiere hacer y debe convocar una reunión con todos los territorios implicados para que se llegue a un acuerdo», concluyó.
La estrategia del Ministerio por ahora consiste en dejar trabajar a la Comisión Constitucional del Congreso, que podría reunirse en marzo para analizar las enmiendas que hayan presentado hasta ese momento los grupos parlamentarios. El Ministerio no tendría inconveniente en que figurara alguna referencia a dicha reserva dentro del Estatuto -probablemente en el preámbulo o en alguna disposición final-, pero en cualquier caso no tendría carácter vinculante ni obligatorio.
«Castilla-La Mancha ya tiene por ley toda el agua que precisa. No hay necesidad de que se fije una reserva», precisaron ayer a esta Redacción. La ley de aguas y las normas relativas al acueducto Tajo-Segura, regulado jurídicamente desde el año 1967, y que tomaron cuerpo en los años 1971 y 1980, subrayan la prioridad de la cuenca cedente, en este caso la del Tajo, para atender sus necesidades actuales y futuras. En este sentido, recordaron ayer que Castilla-La Mancha, al igual que Madrid y Extremadura, pueden disponer legalmente cuando quieran de todos los recursos que necesiten. «Esta circunstancia no ha variado ni lo hará», apostillaron.
Pulso territorial
La polémica sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha se ha avivado de nuevo entre los territorios y los partidos. El enfrentamiento interno en el seno del PSOE y PP es evidente. El Gobierno de José María Barreda ha criticado abiertamente al secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, quien manifestó el lunes pasado que Barreda sólo cuenta en el Congreso con los apoyos de sus diputados, pero no del Gobierno de la nación ni del Grupo Parlamentario Socialista. Saura reiteró ayer que su postura no ha variado y que se opondrá a un texto que perjudique a la Región de Murcia. Su compañero de la Comunidad Valenciana, Jorge Alarte, ha garantizado a los regantes del Tajo-Segura, con quienes se ha reunido en Valencia, que no admitirá ningún texto que reduzca o elimine el acueducto. El Ejecutivo de Barreda admitió el pasado lunes que la reserva supone el fin inmediato del Trasvase del Tajo-Segura, por lo que no era necesario insistir sobre la fecha de caducidad del 2015.
En las filas del PP, el presidente Ramón Luis Valcárcel insiste en que no va a tolerar fechas de caducidad ni reservas estratégicas. Devolvió la pelota lanzada el día anterior por la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, cuando declaró que todos los diputados populares votarán lo que decida la dirección nacional y no admitirá actos de rebeldía parlamentaria. El PP murciano se mantiene en su decisión de no votar a favor de cualquier artículo o disposición que merme el funcionamiento del Tajo-Segura.
En el Gobierno de la nación creen que el Estatuto castellano manchego puede recoger alguna referencia a la reserva de agua, pero siempre que sea como una aspiración de esta Comunidad Autónoma y figure como una declaración de intenciones, como ocurre con el texto de Aragón. En esta región, su Estatuto plasma explícitamente un caudal de 6.550 hectómetros pero en la práctica no obliga al Ministerio. En definitiva, el papel lo aguanta todo.
Las mismas fuentes del Ministerio de Medio Ambiente opinan que José María Barreda podría aceptar que se incluya una reserva no condicionada. «Ya ha realizado un gesto muy importante eliminando del texto la fecha de caducidad del Trasvase Tajo-Segura», precisaron. «Ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular».
El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, insistió en que el Ejecutivo regional «no acepta nada. Ni caducidad ni reserva». «Nosotros no hablamos de reserva porque no contemplamos esa posibilidad. Nos da igual la cantidad de la que se hable. Si en otros estatutos se ha puedo algún volumen, está mal hecho. Creemos que no hay que seguir haciendo las cosas mal», dijo en referencia al texto de Aragón que apoyó el Partido Popular, razón por la cual el PSOE de Castilla-La Mancha reprocha a los populares que se nieguen a admitir para esta región lo mismo que otorgaron a la otra. Éste es 'el gancho de izquierda' que lanzan a diario los socialistas de Toledo contra el flanco de María Dolores de Cospedal.
Ir al Constitucional
Antonio Cerdá emplea el mismo argumento que el Ministerio de Medio Ambiente. «Castilla-La Mancha puede retirar por ley toda el agua que quiera del Tajo o de cualquier otro río que pase por ese territorio, por lo que no tiene ningún sentido incluir una reserva en su Estatuto». Comentó que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel presentará un recurso en el Tribunal Constitucional si llega el caso, ya que a su juicio la mayoría de preceptos relativos al agua son inconstitucionales. El Ejecutivo de Valcárcel, al igual que los regantes, no conciben que se fije una reserva, por pequeña que sea, en la cabecera del Tajo, ya que eso supondría el fin de acueducto debido a que el Sistema Entrepeña-Buendía apenas tiene recursos para atender las demandas del Alto Tajo, Las Tablas de Daimiel y las necesidades de la cuenca del Segura. Hay que sumar los 50 hectómetros que se derivarán a Ciudad Real cuando se termine el acueducto en construcción.
Cerdá solicita al Gobierno de Rodríguez Zapatero «que diga claramente lo que piensa sobre el Trasvase. No sabemos lo que quiere hacer y debe convocar una reunión con todos los territorios implicados para que se llegue a un acuerdo», concluyó.
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