Compañías de construcción de estructuras y de instalaciones se ven abocadas a suspender pagos La asociación de afectados dice que hay ya más de 1.500 perjudicados Se calcula que la empresa ganó en Murcia cerca de 40 millones de euros
BERNAT SIRVENT/ La Verdad
BERNAT SIRVENT/ La Verdad
El chiringuito inmobiliario -como gustar llamar a la investigación del caso Grupo Riviera Invest- que trata de desenmascarar la autoridad policial y judicial tras la denuncia de unos 400 afectados por un supuesto delito de estafa deja otros damnificados por el camino. Varias empresas se han visto abocadas a la quiebra técnica y financiera en las últimas semanas como consecuencia de los impagos provocados por la promotora con sede en la Albufereta. En algunos casos, estas deudas se remontan al mes de diciembre del pasado año.
Al menos dos de esas empresas que sufren la falta de liquidez del Grupo Riviera Invest se han visto obligadas a presentar ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) para poder mantener su actividad empresarial. Se trata de una compañía de tamaño medio (más de cien trabajadores) especializada en construcción de estructuras de edificios y de otra que se dedica a instalaciones eléctricas, de comunicaciones y de mantenimiento, la cual cuenta con una plantilla de unos 35 operarios.Según confirmaba ayer el presidente de la Asociación de Perjudicados por el Grupo Riviera, Miguel Cancelas, a la primera compañía se le adeuda por sus trabajos y por haber invertido también en apartamentos para estudiantes universitarios no menos de 6 millones de euros. En el caso de la empresa instaladora, la deuda global puede rebasar los 2,3 millones de euros. Sólo en trabajos de instalación en la primera fase de estudios Ulyss, de San Vicente del Raspeig, la empresa alicantina tendría pendiente de cobro una cifra que alcanza los 400.000 euros.
La cifra de perjudicados por la presunta estafa de Riviera y que sufren, o bien impago de las rentas por arrendamiento prometidas, o bien cargas hipotecarias en sus apartamentos, podría superar ya las 1.500 personas, según Cancelas. «Ayer nos llamó mucha gente que no sabía nada del caso y que también dicen ser inversores, sobre todo de Murcia y Granada», afirma el presidente y portavoz del colectivo.
En Murcia hay, por el momento, cerca de 700 afectados que han entregado cantidades de dinero considerables (unos 40 millones de euros) para la compra de 1.051 habitaciones de este tipo, en Espinardo, frente a la Universidad de Murcia. En el caso de Alicante, se habla ya de 700 afectados, titulares de los 1.088 estudios para universitarios en San Vicente; Los perjudicados en Málaga alcanzan los 400, titulares de unas 120 habitaciones ya construidas; en Granada hay unos 100 afectados por el proyecto (sin ejecutar) de un complejo universitario. La denuncia presentada por unos 400 afectados ante la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría de Madrid (que a su vez la remitió a finales de agosto a la Audiencia Nacional) también incluye a supuestos damnificados por la construcción de la residencia de la tercera edad Jardines del Edén.
A la espera de conocer novedades sobre la situación de los seis detenidos en la noche del miércoles en El Altet, el representante de los afectados pide la «actuación urgente» del Banco de España para evitar el posible «desvío de fondos». Cancelas advierte de que Riviera tenía planes de expansión internacional en Marruecos y en Brasil.
Los afectados viajarán el día 23 a Málaga y Granada para dar poderes a letrados y procuradores y conocer la actuación real de Riviera en el área andaluza. El colectivo interpuso denuncia el 16 de agosto «y el equipo de policías que vino a Alicante y Murcia trabajó sin descanso», tal y como resalta Miguel Cancelas.
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