El Gobierno, que se reunió ayer con las comunidades del PP, baraja congelar sus aportaciones a las que rebasen el déficit
12.01.12 - 01:27 -
Y. GÓMEZ / J. A. | MADRID./ La Verdad
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, advirtió ayer de que la nueva ley de estabilidad presupuestaria incluirá sanciones a las autonomías que incumplan los objetivos de déficit, y entre ellas podría estar la congelación e incluso el recorte de las aportaciones que el Estado central realiza a las autonomías. Montoro, y los secretarios de Estado de Presupuestos, Marta Fernández, y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se reunieron con los consejeros de Economía de las comunidades gobernadas por el PP, entre ellos Salvador Marín, para analizar tanto la puesta en marcha de medidas para reducir el déficit hasta el 1,3% del PIB el próximo ejercicio, como el desarrollo de la nueva ley de estabilidad con la que se pondrá letra pequeña al mandato constitucional de desterrar los números rojos de las cuentas de todas las administraciones.
Montoro matizó la declaraciones realizadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y destacó el «pleno respeto» del PP a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades autónomas «desde el convencimiento de que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador del déficit».
El martes, Consejo
El ministro prevé reunirse hoy con las autonomías que no gobierna el PP (Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña), para tratar también el asunto y las decisiones definitivas se tomarán el próximo martes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En esta reunión, las comunidades del PP mostraron su compromiso con el déficit público y el equilibrio presupuestario, aunque eso sí, pidieron al Ejecutivo que les ayude a superar la asfixia financiera que están sufriendo.
El ajuste que tendrán que realizar las autonomías en este año 2012 se acercará a los 15.000 millones de euros, según las cifras adelantadas por el presidente Rajoy, que coinciden con los cálculos hechos públicos ayer por la Fundación Fedea, ligada al Banco de España. Según estas cifras, todas las autonomías habrían superado en 2011 el objetivo de déficit del 1,3% del PIB. La que mejor se comportó, Madrid, con unos números rojos del 1,4%, y la que peor Castilla-La Mancha, con el 5,2%. Esta entidad coloca a Murcia como la quinta región que más contribuyó al déficit autonómico, basándose en datos de 2010.
Rebelión contra Madrid
La España autonómica tiene un nuevo frente de batalla: el anuncio del Gobierno madrileño de estudiar una disminución del IRPF en su tramo autonómico frente a la subida que ya ha anunciado el Gobierno central en su tramo correspondiente. Desde Cataluña, Galicia o la Comunidad Valenciana no se ve con buenos ojos esa decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre que, de llevarse a cabo, supondría un agravio comparativo sobre el resto de administraciones regionales. El consejero murciano Salvador Marín tampoco comparte este desmarque por parte de Madrid, si llega a producirse.
El conseller de Interior de la Generalitat catalana, Felip Puig, recurrió ayer, en una entrevista en Ràdio 4, al estereotipo: «Se creen más chulos que nadie». En opinión de Puig, esta medida demostraría que la Comunidad de Madrid tiene un «exceso de financiación como consecuencia del déficit fiscal de Cataluña». Y por ello propuso al Gobierno de Mariano Rajoy «hacer los números claros y que, si ellos están en condiciones de bajar el IRPF, que les disminuyan también la financiación y que haya un retorno a Cataluña del dinero que necesitamos y no nos devuelven».
Por su parte, el popular Alberto Núñez Feijóo calificó de «improvisación» la propuesta de Aguirre. Emplazó a todas las autonomías a hacer sus propuestas dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que dirige el ministro. Asimismo tuvo una queja: «A Galicia le gustaría tener el sistema de financiación que tiene Madrid (...) El sistema de financiación de la legislatura anterior claramente beneficia a comunidades autónomas como Madrid y claramente perjudica a otras como Galicia o Asturias». Desde la Comunidad Valenciana tampoco se entiende la medida del Gobierno madrileño, máxime cuando el presidente Alberto Fabra se ha visto obligado a subir su tramo autonómico ante los problemas de liquidez. Donde sí encontró un aliado Aguirre fue en el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, que argumentó que «cada comunidad sube o baja sus impuestos en función de sus circunstancias».
La presidenta madrileña defendió que no se puede hablar de «medida improvisada» pues la decisión no está aún adoptada.
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