Los sindicatos CC.OO., UGT, y CSIF realizaron hoy un "macropiquete" informativo en los Palacios de Justicia de Murcia y Cartagena a partir de las 8.15 horas, y posteriormente, a las 12.00 horas, iniciaron sendas manifestaciones en los dos municipios
04.02.08 - 18:53 -
EP MURCIA/ La Verdad
04.02.08 - 18:53 -
EP MURCIA/ La Verdad
Más de 500 funcionarios de la Administración de Justicia en la Región de Murcia que todavía no cuentan con las competencias transferidas en materia judicial secundaron la huelga indefinida iniciada hoy en toda España para protestar por la discriminación salarial a la que está expuesto este colectivo con respecto al resto de trabajadores destinados a las regiones que sí cuentan con esta disciplina transferida.
Así, de los 1.172 efectivos, 558 hicieron un seguimiento de la huelga, lo que supone un 47,61 por ciento, según informó el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.
Los sindicatos CC.OO., UGT, y CSIF realizaron hoy un "macropiquete" informativo en los Palacios de Justicia de Murcia y Cartagena a partir de las 8.15 horas, y posteriormente, a las 12.00 horas, iniciaron sendas manifestaciones en los dos municipios.
En concreto, los trabajadores afectados son los de las comunidades de Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, así como los de Ceuta y Melilla y los órganos centrales de Madrid como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Registro Civil Central y la Fiscalía General del Estado, entre otros, por lo que el sindicato advirtió que "miles de juicios y actuaciones judiciales en toda España" se suspenderán a partir de mañana.
CSIF destacó que el motivo "fundamental" de la convocatoria de la huelga "es la discriminación salarial a la que nos somete el Ministerio de Justicia respecto al resto de trabajadores destinados en las Comunidades Autónomas con las competencias de justicia transferidas", como Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra, Canarias, y la Comunidad Valenciana.
Así, el sindicato denunció públicamente que "cuando todos los trabajadores de la Administración de justicia tenemos las misma condiciones laborales, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, consiente que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda categoría en condiciones retributivas, con diferencias salariales que vienen a suponer, en algunos casos y para este año 2008, más de 200 euros por mes".
De esta forma, criticó que "cuando el propio Gobierno ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones su intención de reducir la enorme brecha salarial, Fernández Bermejo no sólo la mantiene, sino que ésta se incrementará considerablemente en los próximos años, diferencias que llegarán a alcanzar hasta 500 euros por mes".
Esta situación "puede derivar hacia un proceso masivo de traslado de trabajadores de justicia del ámbito no transferido hacia otros destinos en Comunidades Autónomas transferidas, proceso del que tenemos conocimiento incluso ya se está produciendo, sobre todo entre provincias limítrofes de ambos ámbitos", denunció CSIF.
A su juicio, esto conlleva "la consiguiente repercusión negativa que ello produce en el empleo estable en los órganos judiciales del ámbito no transferido y su repercusión en el servicio público que prestamos a los ciudadanos, obligando a muchos funcionarios a trabajar fuera de su propia Comunidad Autónoma", dijo CSIF.
Por último, justificó la huelga "porque defendemos un servicio público de calidad, una estabilidad en el empleo público, unos órganos judiciales con suficiente personal, unas condiciones retributivas similares en toda la Administración de justicia, porque no queremos una justicia de dos velocidades, ni ciudadanos de primera y de segunda".
Así, de los 1.172 efectivos, 558 hicieron un seguimiento de la huelga, lo que supone un 47,61 por ciento, según informó el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.
Los sindicatos CC.OO., UGT, y CSIF realizaron hoy un "macropiquete" informativo en los Palacios de Justicia de Murcia y Cartagena a partir de las 8.15 horas, y posteriormente, a las 12.00 horas, iniciaron sendas manifestaciones en los dos municipios.
En concreto, los trabajadores afectados son los de las comunidades de Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, así como los de Ceuta y Melilla y los órganos centrales de Madrid como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Registro Civil Central y la Fiscalía General del Estado, entre otros, por lo que el sindicato advirtió que "miles de juicios y actuaciones judiciales en toda España" se suspenderán a partir de mañana.
CSIF destacó que el motivo "fundamental" de la convocatoria de la huelga "es la discriminación salarial a la que nos somete el Ministerio de Justicia respecto al resto de trabajadores destinados en las Comunidades Autónomas con las competencias de justicia transferidas", como Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra, Canarias, y la Comunidad Valenciana.
Así, el sindicato denunció públicamente que "cuando todos los trabajadores de la Administración de justicia tenemos las misma condiciones laborales, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, consiente que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda categoría en condiciones retributivas, con diferencias salariales que vienen a suponer, en algunos casos y para este año 2008, más de 200 euros por mes".
De esta forma, criticó que "cuando el propio Gobierno ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones su intención de reducir la enorme brecha salarial, Fernández Bermejo no sólo la mantiene, sino que ésta se incrementará considerablemente en los próximos años, diferencias que llegarán a alcanzar hasta 500 euros por mes".
Esta situación "puede derivar hacia un proceso masivo de traslado de trabajadores de justicia del ámbito no transferido hacia otros destinos en Comunidades Autónomas transferidas, proceso del que tenemos conocimiento incluso ya se está produciendo, sobre todo entre provincias limítrofes de ambos ámbitos", denunció CSIF.
A su juicio, esto conlleva "la consiguiente repercusión negativa que ello produce en el empleo estable en los órganos judiciales del ámbito no transferido y su repercusión en el servicio público que prestamos a los ciudadanos, obligando a muchos funcionarios a trabajar fuera de su propia Comunidad Autónoma", dijo CSIF.
Por último, justificó la huelga "porque defendemos un servicio público de calidad, una estabilidad en el empleo público, unos órganos judiciales con suficiente personal, unas condiciones retributivas similares en toda la Administración de justicia, porque no queremos una justicia de dos velocidades, ni ciudadanos de primera y de segunda".
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