La juez investiga si el alcalde de Torre Pacheco benefició al constructor Armero

El fiscal también denunció a los ediles de Cultura y Obras Públicas y al empresario García Meroño Varias grabaciones pueden comprometer al consejero Mercader por unas naves industriales
M. BUITRAGO/La Verdad

Abono irregular de facturas a nombre de empresas de Facundo Armero Madrid; adjudicaciones directas bajo el paraguas de convenios urbanísticos; posible trato de favor en cuatro expedientes sancionadores a otra empresa de Armero; y la venta de inmuebles a bajo precio a la concejal de Obras Públicas de Torre Pacheco, son los principales delitos que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de San Javier y que tienen en el punto de mira al alcalde pachequero, Daniel García Madrid (PP), y al citado empresario. Asimismo, la juez dio curso a la denuncia de la Fiscalía del TSJ contra el concejal de Cultura de este municipio, por haber favorecido supuestamente a dos empresas de su hermana.

Así se desprende de las diligencias abiertas el año pasado por la juez Aranzazu Moreno Santamaría, y cuyo sumario ha sido abierto parcialmente. Del contenido de las miles de grabaciones recogidas al alcalde de Torre Pacheco y a Facundo Armero -las únicas escuchas autorizadas por la juez en su auto del 4 de abril del año pasado- se desprende que las investigaciones también pueden comprometer al consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, en las gestiones que realizó a petición del alcalde para sacar adelante unas naves industriales y una piscina de unos particulares; así como el museo de Cabezo Gordo, que afectaba a una zona LIC y ZEPA.

Insultos al fiscal del TSJ

Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil corroboran, por otra parte, que el entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, puso sobre aviso al alcalde de que estaba siendo investigado, tal como publicó La Verdad el pasado mes de septiembre.

Al menos en dos intervenciones telefónicas, los comunicantes insultan al fiscal del TSJ, al que llaman «capullo» e «hijo de puta».

La apertura del sumario también afecta al Ayuntamiento de Fuente Álamo, ya que el nexo de conexión de los supuestos delitos de corrupción urbanística es el propio Facundo Armero, que pudo obtener trato de favor en la adjudicación de varias obras municipales, como publicó este diario.

Armero fue socio de Pedro García Meroño al frente de Polaris World, hasta que vendió su parte por valor de 300 millones de euros. A partir de ahí, Armero ha seguido con sus actividades en el sector de la construcción con sus propias empresas, entre ellas Construcciones Torre Pacheco. En su declaración ante la juez, la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa (PP), fue preguntada si había recibido dinero del constructor y si su municipio se había beneficiado de alguna comisión.

Los casos Torre Pacheco y Fuente Álamo estallaron a raíz del registro judicial efectuado en el 19 de junio pasado, después de las elecciones municipales y autonómicas. Previamente, la juez ordenó que la Policía Judicial de la Guardia Civil interviniera los teléfonos del alcalde y de Facundo Armero. En el primer auto, estas grabaciones sólo debían efectuarse entre el 3 de abril y el 3 de mayo. Se cree que cuando el alcalde Daniel García fue alertado, por una filtración, de que estaba siendo investigado, se desencadenó toda la operación.

La juez Aranzazu Moreno sólo tardó dos días en abrir diligencias previas, tras la denuncias presentadas por la Fiscalía del TSJ. En concreto, el 4 de abril pasado apreció presuntos delitos en el alcalde de Torre Pacheco, la concejal de Obras Públicas, Josefa Marín Otón, y los empresarios Facundo Armero Madrid y Pedro García Meroño, este último principal accionista de la constructora Polaris World. Asimismo actuó contra el concejal de Cultura, Antonio Madrid Izquierdo, y sus dos hermanas, Faustina y Josefa del Rosario, según consta en el sumario parcialmente abierto. A éstos tres últimos se les imputa los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. A los primeros, se les atribuye los supuestos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secretos.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar las versiones del alcalde de Torre Pacheco y del constructor Facundo Armero Madrid. El consejero Benito Mercader, por su parte, dijo desconocer «de qué tema me está hablando». «No voy a decir nada ni quiero que aparezca mi nombre», indicó.