La Junta de Andalucía ha anunciado que se está estudiando la petición
Radio Televisión Española
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RTVE.es / EUROPA PRESS
05.04.2011La juez que investiga el caso de los presuntos ERE irregulares ha dado tres días a la Junta para que deposite de forma cautelar las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos 10 años.
En un auto la juez vuelve a reclamar esos documentos que la Junta se niega a darle y pide que se le entreguen "para su custodia" en un sobre debidamente precintado. Advierte además al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia si no lo hace.
La Junta de Andalucía ha anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando ese requerimiento y que, en principio, no ponen reparos a la entrega de esas actas "lacradas".
Petición de la juez
La instructora requiere a la Junta para que, a través de su representación legal, remita en el plazo de tres días al Juzgado "para su custodia" copia compulsada o testimonio de las actas de los Consejos de Gobierno citados, que "deberán ser remitidas en sobres cerrados o lacrados o con los precintos que se consideren convenientes, los que quedarán depositados en el Juzgado hasta tanto se resuelva el conflicto planteado, con el apercibimiento de que, de no verificarlo, podría incurrirse en un delito de quebrantamiento de medida cautelar".
Al hilo, la juez decide que, en virtud del artículo 31 de la Ley 6/2006 de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, "no tendrán que aportarse los documentos presentados al Consejo de Gobierno que tengan carácter reservado", aseverando que "si hubiere actas en las que hipotéticamente se contuvieran deliberaciones, opiniones o votos, se suprimirán tales apartados, manteniendo en tales actas las conjugaciones de los verbos -deliberar, opinar o votar- utilizados en los apartados que, por su carácter secreto, hayan de suprimirse".
Asimismo, la juez dice que tal medida cautelar "se adopta con el fin de salvaguardar los fines de la investigación, es decir, para evitar, también en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno hasta tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción".
La Junta estudia la petición
La Junta de Andalucía ha anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando ese requerimiento. Antes, y en dos ocasiones, había resuelto no entregar a esas actas al considerar que se trata de documentación reservada, esgrimiendo igualmente que lareclamación promovida por la juez Mercedes Alaya no habría concretado con exactitud qué actas o acuerdos son precisos para la investigación.
Requerida por la juez, la representación jurídica de la Junta ha confirmado su posición ofreciendo "vías alternativas" para tener acceso a "idéntica información" a través de la "certificación de acuerdos o informes concretos relevantes para la investigación".
Los representantes jurídicos de la Administración autonómica, además, han advertido a la juez de que, en caso de no aceptar estas "vías alternativas", sería elevado un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, adscrito al Tribunal Supremo, por considerar que la juez "carece de jurisdicción en orden al levantamiento del carácter reservado de los informes que incorporan las actas del Consejo de Gobierno, al ser competencia exclusiva del Consejo de Gobierno la potestad de hacerlas públicas".
La juez Mercedes Alaya ha acordado tener por solicitada por la Junta la inhibición del Juzgado por conflicto jurisdiccional y da traslado de la solicitud al Ministerio Público y a las demás partes personadas en este procedimiento para que se pronuncien en el término de diez días.
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