El primer edil de Mazarrón negó ayer en el juicio que hubiera un acuerdo político y rechazó haber autorizado anticipos por 33.000 euros que cobró el edil de la oposiciónALICIA NEGRE MURCIA/ La Verdad
Domingo Valera, portavoz del Partido Independiente por Mazarrón (PIxM), sólo votó una vez en contra del alcalde popular, Francisco Blaya, durante la anterior legislatura, según señaló ayer el fiscal. Fue en el Pleno en el que este último se proclamó alcalde. Valera, ex alcalde que perteneció anteriormente al PP de la localidad, aseguró que ambos acordaron ese día «subir a Mazarrón lo más alto que pudieran». El fiscal, sin embargo, considera que entre ambos existió un acuerdo menos altruista. «Estas actas de voto y la ausencia de justificación ante los anticipos podrían estar relacionadas». ¿Cedía Blaya anticipos de fondos públicos a Valera para que le proporcionase su apoyo incondicional?
«Nunca ha existido un acuerdo de ese tipo». Con apariencia tranquila, e incluso en algunos casos sonriente, llegaban ayer a la Audiencia Provincial Francisco Blaya, Domingo Valera y el interventor municipal, Pedro Sánchez. Todos ellos debían de responder por los 33.000 euros que el entonces edil Valera recibió de los fondos del Ayuntamiento de Mazarrón en forma de supuestos anticipos. El alcalde negó contundentemente ante el juez que hubiese autorizado el pago de este dinero. «Nunca he dado orden de que se hagan», señaló. Pese a su convencimiento, Blaya prefirió guardarse las espaldas y recordó la inexistencia de una norma que regule (y por lo tanto que prohíba) los anticipos a políticos.
Esta teoría no pareció convencer al Ministerio fiscal. «Los fondos públicos no se pueden coger con la ligereza con la que lo ha hecho el alcalde». El fiscal considera que los tres acusados han incurrido en un presunto delito de malversación de caudales públicos. Las penas que el Ministerio solicita pueden, dependiendo de la convicción a la que el Tribunal llegue sobre la forma en que manejaron el dinero, alcanzar los seis años de prisión, de inhabilitación para cargo público o una simple multa. El fiscal retiró ayer la acusación inicial por prevaricación, aunque mantuvo la de malversación. La defensa solicita la plena absolución.
Para tratar su depresión
Conocer el destino que Valera había dado a los 33.000 euros que, a lo largo de tres años, cobró de las arcas municipales en forma de anticipo era una de las grandes incógnitas que ayer se resolvieron. «Yo tenía problemas económicos derivados de una separación y del tratamiento psicológico que estaba siguiendo por depresión», relató.
Blaya ya conocía esta situación cuando, a finales del verano del 2004, Valera le comentó que necesitaba un anticipo de su recién estrenado sueldo de concejal liberado. «Sólo le dije que se acercara al Ayuntamiento y que si se podía hacer, que se hiciese», aseguró Blaya. Tesorero e interventor sostuvieron, sin embargo, que tanto ése como los 24 anticipos restantes contaron con el beneplácito expreso del primer edil. «A nosotros no se nos habría ocurrido autorizar algo así sin consultárselo a él», apuntó el primero de ellos. «Se telefoneaba al alcalde y éste daba su autorización verbal», comentó su compañero.
A medida que Valera iba solicitando anticipos, la deuda que éste contraía con las arcas municipales y la preocupación de los dos técnicos ganaba volumen. El interventor aseguró ayer que, en varias ocasiones, se había dirigido al edil de Hacienda para transmitirle su desacuerdo con esta situación. «Rara era la semana que no tocábamos el tema con el concejal», apuntó. La solución del alcalde, según Sánchez, siempre era la misma: se resolvería pronto.
«Hablé con Valera y le dije que la deuda era muy grande y que había que reintegrarla», relató el alcalde. Ambos acordaron que el edil comenzase a devolver 300 euros mensuales. Paradójicamente, Valera pese a estar pagando su deuda, siguió cobrando anticipos.
En agosto de 2005, Valera cobró su último anticipo. Debía 33.000 euros al Ayuntamiento. No fue hasta 2006 cuando, «ante la aparición de la noticia en la prensa», realizó una colecta entre familiares y amigos y depositó un sobre en tesorería que saldaba su deuda. «Tanto el alcalde como yo sabíamos que había que devolverlo», recalcó ayer en el juicio.
El fiscal, sin embargo, no lo tiene tan claro. «Pagó porque supo que el proceso penal estaba en marcha».
