REGIÓN/ El PP pide documentación a Domingo Aranda sobre El Roblecillo

El portavoz del partido, Francisco Bernabé, recuerda que el alcalde de Caravaca «no ha sido detenido ni hay citación para ir a declarar»

12.06.13 - 14:22 - 

EP MURCIA / la Verdad

El órgano superior del PP de la Región de Murcia, el Comité de Dirección del partido, se ha reunido este miércoles y ha decidido requerir al alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, toda la documentación que obre en su poder relativa a la investigación sobre una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio.

Cuando esta documentación esté en posesión del partido, la misma se remitirá al Comité de Derechos y Garantías del PP regional, que es el órgano estatutario que tiene que decidir sobre las consecuencias de lo que está ocurriendo en estos momentos, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del PP regional, Francisco Bernabé.

El alcalde de Aledo engrosa el listado de altos cargos sospechosos de corrupción

Detienen a Simón Alcaraz por presunta colaboración con una trama empresarial que amañaba contratos de obras públicas. Los UCO apresaron a nueve sospechosos en Murcia Aledo y Alicante

19.10.11 - 01:43 - 

RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA./ La Verdad

Simón Alcaraz Alcaraz, alcalde de Aledo desde 1991, secretario general del PP en esa localidad y miembro de la Junta Directiva Regional del PP, acumula desde ayer un nuevo 'título' a su extenso currículo político: el de detenido como supuesto integrante de una trama de corrupción vinculada a la adjudicación amañada de contratos públicos.

Casanova dice que gastó 305.000 euros en joyas y relojes para regalar

CASO ZERRICHERA

También entregó al Águilas Club de Fútbol 1,1 millones de euros y diversas cantidades a la Federación de Fútbol de la Región, la de Vela y al ayuntamiento de Cieza, entre otros destinatarios

14.07.11 - 11:57 - EFE | MURCIA |/ La Verdad

El empresario Trinitario Casanova, uno de los imputados en el "caso Zerrichera" sobre presunta corrupción urbanística en Águilas, declaró durante la inspección a la que fue sometido por la Agencia Tributaria que entre 2005 y 2006 gastó 305.000 euros en la compra de relojes y joyas "para atenciones a clientes".

Investigan desde 2007 el patrimonio de los alcaldes de Fortuna y Abanilla

El juez de Orihuela que rastrea en la trama de corrupción encargó analizar las cuentas y bienes de Carrillo y Molina por sus relaciones con Fenoll

01.11.10 - 00:52 - R. F. | MURCIA./ La Verdad

PRIMEROS EDILES

Los UCO registran las sedes de las promotoras de los 6 convenios bajo sospecha

El juez investiga el 'pelotazo' del italiano Renato de Noce, que pudo tener información privilegiada al adquirir terrenos que se revalorizaron mucho

09.10.10 - 01:00 - RICARDO FERNÁNDEZ / La Verdad

La cifra de imputados en el caso de corrupción se eleva ya a veinte

Los sospechosos, entre los que se encuentran empresarios y cargos públicos, irán siendo citados a declarar en las próximas semanas

08.10.10 - 01:11 - R. F.
MURCIA. / La Verdad

Samper: «Es el Ayuntamiento el que se ha beneficiado con un campo de fútbol gratis»

El dueño del Real Murcia, imputado por prevaricación y blanqueo, ignora qué va a sacar la Fiscalía

07.10.10 - 01:25 - M. BUITRAGO MURCIA. / La Verdad

Jesús Samper, imputado en la 'Operación Umbra' por dos presuntos delitos de prevaricación y blanqueo de capitales, atendía ayer sus negocios desde su residencia madrileña. No se explica por qué le achacan prevaricación, ya que no es un funcionario. Sobre el blanqueo de dinero, también se extraña. Ni lo comenta.

Prisión eludible bajo fianza para los tres detenidos en la operación de corrupción en Murcia

Los importes de la fianza, fijados entre los 70.000 y los 120.000 euros
Tienen hasta el viernes, 8 de octubre, para hacer efectivos los pagos
En la operación hay otros cuatro imputados, que aún no han declarado
Las actuaciones continúan declaradas secretas

Los detenidos por presunta corrupción en Murcia declaran en el juzgado

RTVE.es / EUROPA PRESS

06.10.2010El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha acordado prisión eludible bajo fianza, con importes de entre 70.000 y 120.000 euros, para los tres detenidos que han declarado este miércoles, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) demURCIA

MURCIA/ Investigan si el Ayuntamiento perdonó decenas de millones a promotores

Berberena y Samper encabezan un amplio grupo de sospechosos
Investigan si una trama de funcionarios recibió pagos de promotoras a las que habría beneficiado
06.10.10 - 00:48 - RICARDO FERNÁNDEZ rfernandez@laverdad.es MURCIA.

. «Ahora están pidiendo el amparo de la Virgen. Mañana pedirán el nuestro». La frase, pronunciada a muy primera hora de la mañana de ayer por un conocido abogado penalista, resumía la sensación de frío que debió de recorrer la espina dorsal de algunos altos funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Murcia cuando conocieron que agentes de la Unidad Central Operativa -los temidos UCO- de la Guardia Civil habían tomado la Gerencia de Urbanismo. Un sentimiento de preocupación que tendría sobrada explicación si se tiene en cuenta que este tipo de operaciones contra la corrupción se sabe por dónde empiezan, pero nunca hasta dónde pueden llegar.
En esta ocasión, los especialistas de la UCO se pusieron en marcha empuñando una resolución, dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo, por la que se les autorizaba a detener al director de servicios de la Gerencia de Urbanismo y 'número 2' de ese departamento, Alberto Guerra Tschuschke; al abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia Higinio Pérez Mateos, y al ingeniero y empresario italiano Renato de Noce, presunto intermediario en operaciones urbanísticas y ya imputado en la llamada 'Operación Barraca' contra la corrupción. Todos ellos fueron arrestados hacia las ocho de la mañana, a lo que siguieron los registros de sus domicilios y de sus despachos profesionales.
Desde un primer momento, los datos apuntaron a que la investigación judicial -iniciada a raíz de una denuncia presentada en los juzgados por la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Murcia- se centraba en media docena de convenios urbanísticos, que el Ayuntamiento suscribió con grupos empresariales entre 2001 y 2006 y que permitían edificar unas 26.000 viviendas en la zona norte de Murcia.
Supuesto trato de favor
Unas actuaciones urbanísticas en las que, a juicio de los investigadores, el Consistorio habría dado trato de favor a los promotores, no sólo multiplicando por cinco el grado de edificabilidad -pasó de 0,09 m/m2 a 0,5-, sino tasando además muy a la baja el precio del metro cuadrado edificable y renunciando de esa forma a ingresar, en concepto de contraprestación, decenas de millones de euros (hasta 783 millones de euros, más de 130.000 millones de pesetas, según los informes presentados en su día por el Grupo Municipal Socialista).
Mientras una veintena de agentes registraba las dependencias de Urbanismo y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, evitaba asistir al único acto público fijado ayer en su agenda, un nuevo dato ratificaba las sospechas de que la investigación apuntaba al norte del término de Murcia y, más todavía, que estaba llamada a trascender a los tres arrestados: la Guardia Civil registraba la vivienda particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y sede a su vez de Sport Management & Proyect S.L., sociedad a través de la cual consiguió una recalificación urbanística para levantar casi 4.000 viviendas junto a Nueva Condomina.
El controvertido Samper pasaba de esta forma a confirmarse como otro de los sospechosos en esta operación anticorrupción, al igual que lo irían haciendo a lo largo de la mañana el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el ex jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver (principal imputado del 'caso Barraca') y su esposa Sandra de la Puente; el constructor Francisco Arqués López; la jefa de la Oficina de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia y esposa de Alberto Guerra, María Isabel Fernández... Una amplia 'nómina' de supuestos implicados, que deberán ir pasando por el juzgado en los próximos días, previsiblemente en calidad de imputados, para explicar su participación en estos hechos.
El propio Fernando Berberena reconoció que los agentes de la UCO le habían sondeado sobre su disposición a prestar declaración y explicó que, al responderles de manera afirmativa, se le había informado de que será llamado al juzgado. Nada que fuera a coger por sorpresa al edil de Urbanismo, cuyo despacho oficial ya fue registrado ayer de forma concienzuda y que sufrió la apertura de una caja de seguridad que tiene contratada en un banco. Los UCO hallaron 18.000 euros en metálico -según sostiene, ganados antes de su paso a la política- y una carta dirigida a su familia en previsión de que le sucediera algo grave.
Una compleja trama
Fuentes de la investigación explican que el objetivo de estas diligencias es determinar si altos funcionarios municipales, vinculados a la Gerencia de Urbanismo, tejieron una compleja trama utilizando a familiares y personas de su confianza, que les habría servido para ocultar los pagos que empresas promotoras les habrían hecho a cambio de un trato favorable. El principal perjuicio, en este caso, habría sido para las arcas públicas del Consistorio, que habrían dejado de recibir millonarias contraprestaciones por esos convenios urbanísticos.
De ahí que, tal como ayer confirmó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un comunicado oficial, las actuaciones judiciales se sigan por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (por el citado perjuicio a las arcas municipales), cohecho (por los pagos o gratificaciones a personal público), negociaciones prohibidas a funcionarios y blanqueo de capitales, entre otros.
Es el fiscal superior, Manuel López Bernal, quien se está encargando personalmente de esta causa dada su especial trascendencia. Las mismas fuentes apuntan a que fue el jefe de la Fiscalía de Murcia quien, el pasado 15 de septiembre, y a la vista del estado de las investigaciones, solicitó del juzgado la intervención de los UCO. El instructor dio luz verde al operativo.

EL GUIÓN DE LA REDADA
LOS DETENIDOS
El jefe de la Gerencia, Alberto Guerra; el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano Renato de Noce
LOS SOSPECHOSOS
El concejal Fernando Berberena, el empresario y dueño del Real Murcia Jesús Samper, el ex jefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, el constructor Francisco Arqués López, la esposa de Alberto Guerra...
LOS DELITOS
Malversación de caudales públicos, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y blanqueo de capitales, entre otros
LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS DE LA ZONA NORTE
6
grandes convenios ha suscrito el Ayuntamiento con promotoras para el norte del municipio
26.000
viviendas han sido autorizadas en los planes parciales aprobados para esa zona del término
182
millones de euros es la cantidad que pactó ingresar el Consistorio en concepto de compensación
965
millones tendrían que haber ingresado las arcas públicas por esos convenios, según el PSOE
783
millones habría dejado de cobrar el Ayuntamiento a los promotores, siempre según los socialistas
1,5
millones de metros cuadrados fue el incremento de la edificabilidad autorizado por el Consistorio

MURCIA/ Miguel Ángel Cámara: "Confío en que los hechos se esclarezcan con la mayor brevedad posible"

Ayuntamiento de Murcia. Foto: Murcia.com
El Alcalde explica que el Consistorio aún no conoce los detalles de la investigación realizada en la Gerencia de Urbanismo, por encontrarse la operación policial bajo secreto de sumario. Cámara garantiza la plena colaboración del Ayuntamiento de Murcia con la Administración de Justicia y aclara que ninguno de los detenidos tiene relación con el Partido Popular.
El Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en relación con los registros practicados esta mañana en la Gerencia de Urbanismo, ha explicado que el Consistorio mantiene, como ha venido manteniendo hasta la fecha, su plena colaboración con la Administración de Justicia, así como su disposición a poner al servicio de la misma todos los medios a su alcance.
Miguel Ángel Cámara ha añadido que las personas detenidas durante los registros no tienen relación con el Partido Popular y está convencido de que todos los procedimientos administrativos realizados se ajustan a las normas y a la legalidad. En este sentido, el Alcalde espera que los hechos se esclarezcan con la mayor brevedad posible, en aras de la presunción de inocencia y de la credibilidad de la institución.
El Alcalde de Murcia ha insistido en que el Ayuntamiento de Murcia ha remitido en todo momento cuanta información le ha sido requerida por las instancias judiciales.
Miguel Ángel Cámara también ha recordado que, ante denuncias presentadas por el Partido Socialista, dos sentencias del tribunal Superior de Justicia de Murcia y una del Tribunal de Cuentas acreditaron en su día que los procedimientos realizados en los convenios de la zona Norte se ajustan a derecho.
En este sentido, el Alcalde ha añadido que el Tribunal de Cuentas archivó la causa y determinó que no existían indicios de responsabilidad contable en la adjudicación de dichos convenios, condenando en costas al concejal socialista promotor de la denuncia.

El concejal de Urbanismo de Murcia, imputado en las diligencias por corrupción

Fernando Berberena es el único cargo político implicado en la trama
Se decía "seguro" de la "rigurosidad y escrupulosidad" de los expedientes
EFE
05.10.2010 - 17:37h

El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena (PP), ha sido imputado en las diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción número 8 de Murcia que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en esta ciudad y que se han saldado con tres detenidos, han informado fuentes de la investigación.
Las mismas fuentes han indicado que también ha sido imputado en este caso el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo entre los años 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, arquitecto en excedencia de su puesto como funcionario municipal.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha proseguido esta tarde en el despacho del concejal los registros que lleva a cabo desde primeras horas del martes en la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, cuyo director, Alberto Guerra, ha sido detenido junto a un abogado y a un ingeniero italiano. Guerra ya ha sido trasladado a dependencias policiales después de haber presenciado los registros.
Berberena se convierte así en el único imputado con cargo político de la operación.
El expediente, anterior a su nombramiento como concejal
El concejal se ha defendido argumentando que el expediente por el que se promovió el complejo Nueva Condomina, investigado en esta operación, se abrió antes de que él entrara en el gobierno municipal, en 2003.
Al término del registro y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que la investigación se centre en ese plan, Berberena, ha dicho que "puede ser", pero que en esa época él no era concejal y que, por lo que sabe, "se llevó en su día a plan parcial y está como tal".
Este plan parcial aprobado en 2003 modificaba la calificación del suelo fijada en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia aprobado dos años antes y provocó la sustitución del entonces concejal de Urbanismo Ginés Navarro, contrario al cambio, y su posterior salida del consistorio murciano.
Además, ha confirmado que una caja fuerte de su propiedad, en una entidad bancaria, ha sido registrada por los agentes de la UCO que desarrollan esta operación. Según ha explicado, la caja fuerte era suya desde antes de ser concejal, y ahí es donde tiene sus "escrituras y las cosas propias de la familia".
Seguro de la "escrupulosidad y rigurosidad de los expedientes"
El concejal, al término de este último registro, del que los agentes se han llevado dos cajas con documentación, ha negado a preguntas de los periodistas su imputación en el caso, y ha comentado: "si el juez me llama iré muy gustoso a darle las explicaciones que sean necesarias".
Berberena había dicho esta mañana que estaba "seguro de que todos los expedientes administrativos en materia de urbanismo se han tramitado con una rigurosidad y una escrupulosidad absolutas". El concejal había seguido durante algunos minutos el desarrollo del registro a las puertas de la Gerencia de Urbanismo y desde se mostró dispuesto a colaborar con la justicia y facilitar toda la documentación necesaria.
El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado, en un comunicado, que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en sendas sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, probaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte.

Tres detenidos por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia

Entre los detenidos está el director de la Gerencia de Urbanismo
Se investiga malversación de caudales públicos, blanqueo y cohecho
Además de la sede municipal, registran empresas y domicilios

Tres detenidos por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia

RTVE.es/RNE - MADRID 05.10.2010 - 09:18h

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en el marco de una operación relacionada con presuntas irregularidades en convenios urbanísticos en el Ayuntamiento de Murcia, donde se están practicando registros desde primera hora de este martes, según ha informado Radio Nacional de España (RNE).
Los detenidos son el director de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce. La investigación comenzó hace más de un año y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. Se podría llamar a declarar a varios testigos, una vez que se analice la documentación incautada en los registros.
Según informa Efe, el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios en esta investigación en el Ayuntamiento, gobernado por el PP.
El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha informado en un comunicado de que el procedimiento se abrió por una denuncia de la Fiscalía.
A su llegada al Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, ha manifestado que colaborará con la justicia.
Además de los registros en Murcia, la Guardia Civil está registrando en Madrid el domicilio del presidente del club de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, en el marco de la operación.
Delitos relacionados con la expansión norte de la ciudad
Los registros son parte de la instrucción judicial para investigar presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se ubica, entre otras urbanizaciones, el complejo Nuevo Condomina.
Podría haber otros registros, tanto en empresas y sedes sociales ubicadas en Murcia y fuera de la Región. Los detenidos serán puestos en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción número 8, que investiga los hechos en unas diligencias declaradas secretas, y que ha sido el que dirige la operación y ha autorizado las entradas y el registro practicados este martes
La operación está impulsada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con el apoyo de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia
Registros en el Ayuntamiento, domicilios y empresas
Desde las ocho de la mañana, una decena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizan registros en varios despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y en algunas empresas y domicilios tanto de esta ciudad como de Madrid. Los agentes se han incautado de numerosa documentación, según informa TVE.
El caso se encuentra bajo secreto de sumario y los registros han sido ordenados por el juzgado número 8 de Murcia. Los agentes han acordonado el Consistorio y se espera la llegada de los secretarios judiciales para acceder a registras otras dependencias municipales, en compañía de los detenidos.
Según informa Efe, los agentes se encuentran en la primera planta de la Gerencia, donde están ubicados, entre otros, el despacho del concejal, del director de servicios, y la asesoría jurídica municipal.

Tres detenidos en una operación contra la corrupción en Murcia

La Guardia Civil arresta al 'número dos' de Urbanismo, a un abogado y a un ingeniero.- Los agentes registran edificios municipales y empresas en la ciudad y en Madrid, entre ellos el domicilio del dueño del Real Murcia, Jesús Samper
JAVIER RUIZ - Murcia - 05/10/2010 / El País.com
La Guardia Civil ha detenido a tres personas en relación con la operación que se desarrolla desde primera hora de la mañana en Murcia, donde se están practicando registros en despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular. Los arrestados son el director de la gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano, vinculado a empresas murcianas de la construcción, Renato de Noce.
Las detenciones se han practicado dentro de una investigación de la Fiscalía de Murcia sobre los convenios en la zona norte del municipio, donde hay licencia para 19.000 viviendas junto al estadio de fútbol de la Nueva Condomina y los centros comerciales. Se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Desde las ocho de la mañana, una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han llevado a cabo registros en varios despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, que ha sido precintada, y en algunas empresas y domicilios tanto de esta ciudad como de Madrid. En la capital, la Guardia Civil está registrando el domicilio del actual propiertario del club de fútbol Real Murcia, Jesús Samper.
Los agentes se encuentran en la primera planta de la Gerencia, donde están ubicados, entre otros, el despacho del concejal, del director de servicios, y la asesoría jurídica municipal.
Los registros han sido ordenados por el juzgado número 8 de Murcia y el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Un afectado de Trampolín Hills presenta la primera denuncia en la Unión Europea

El cliente, vecino de Valencia, entregó 50.000 euros a cuenta y ni ha visto la casa ni el dinero
17.02.10 - 00:33 -
MANUEL BUITRAGO mbuitrago@laverdad.es MURCIA.
El escándalo de la urbanización Trampolín Hills en Campos del Río ha llegado a la Unión Europea. Uno de los perjudicados ha denunciado ante la comisión de Peticiones lo que considera una presunta estafa a nivel europeo de este resort que ha dejado en la estacada a unos 2.000 afectados, principalmente españoles, británicos y noruegos. Las autoridades comunitarias y del Parlamento Europeo, que estudian la queja, están muy sensibilizadas con las irregularidades y desmanes urbanísticos en el mediterráneo español. Los eurodiputados ingleses son los más beligerantes, sobre todo cuando hay compatriotas suyos de por medio.
Trampolín Hills Golf Resort se encuentra en concurso de acreedores. Vendió 2.200 viviendas en Campos del Río de las 2.500 proyectadas y obtuvo unos ingresos de 52 millones de euros por parte de unos potenciales propietarios que adelantaron de media entre 18.000 y 35.000 euros.
J. L. B. N., vecino de Valencia, entregó 50.000 euros a Trampolín Hills por una vivienda en Campos de Río que parecía una ganga debido a su precio final -100.000 euros- y a los servicios que ofrecía. Gastó su dinero para darle un doble uso a su propiedad: invertir sus ahorros para conseguir un beneficio futuro y al mismo tiempo disfrutarla. Ahora se encuentra sin poder dar de comer a su hijos y «viviendo de la caridad de un familiar», declara. J. L. B. N. recurrió primero al Defensor del Pueblo en Madrid, que le recomendó que acudiera a la jurisdicción civil, para desconcierto de este afectado, que creía que esta institución debe controlar a las administraciones públicas que han tolerado en este desaguisado.
Su siguiente paso ha sido acudir a Bruselas. Su petición la está estudiando la comisión de Peticiones, cuyos funcionarios han registrado su denuncia y le han pedido tiempo para hacer averiguaciones antes de decidir si la admiten o no a trámite. Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por 'La Verdad' creen que esta denuncia no caerá en saco roto, sobre todo si aparecen más afectados que emprenden el mismo camino y, principalmente, si hay de por medio ciudadanos británicos.
En la comisión de Peticiones llueve sobre mojado cuando se trata de denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas en España. Los eurodiputados ingleses son los más sensibilizados con estos casos y los que más presión meten en Bruselas para que se investiguen lo que consideran falta de garantías de los compradores y propietarios de segundas residencias.
Hasta ahora se han abierto tres investigaciones en el seno del Parlamento y la Comisión Europea en torno a presuntas irregularidades y abusos en municipios levantinos; a la falta de garantías de suministro de agua a nuevas urbanizaciones en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Segura y a la denuncia de ANSE contra 43 municipios de la Región por no cumplir la legislación medio ambiental en los planes urbanísticos. Esto sin contar con los casos de La Zerrichera de Águilas y la construcción de la dársena de Puerto Mayor.
Anima a otros damnificados
J. L. B. N. espera que otros damnificados del Grupo Trampolín sigan sus pasos. Así se lo recomendó a la asociación de afectados. La comisión de Peticiones le contestó hace dos semanas y cree que el proceso será largo, lo cual no le desanima en su objetivo de conseguir, al menos, recuperar el dinero que ha invertido. En su denuncia las autoridades europeas, este afectado relata que el Ayuntamiento de Campos del Río dio «informaciones positivas cada vez que los compradores acudían a pedir asesoramiento sobre el proyecto. Todo era un sueño virtual en el que no se disponía de suelo urbanizable ni control por parte de las administraciones públicas», señala. Reprocha a las autoridades que no existiera un sistema de control para asegurarse de que todo se hacía según la ley. Pide que el Estado se haga cargo del problema y que construya las viviendas con su intermediación.

PETICIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO
¿Quién la puede presentar? Todo ciudadano de la UE o residente en uno de sus países miembros, actuando a título individual o junto con otros, puede ejercer su derecho de petición ante el Parlamento Europeo (PE). También empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la UE.
¿Sobre qué?

Sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Una petición puede consistir en una queja relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto concreto y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado. Pero no sobre las políticas de la UE.
¿Cómo se presenta?

Se puede enviar por correo ordinario o electrónico. El formulario online está colgado en la web del Parlamento Europeo.
¿Cuántas solicitudes se presentan?

España fue el segundo país que más peticiones (226) presentó al Parlamento Europeo en 2008, sólo superado por Alemania (256). En total, se recibieron 1.886 peticiones, aunque un 40% fueren inadmitidas. La mayoría de peticiones trataron sobre temas de medio ambiente. Durante la anterior legislatura europea, la mitad de las peticiones sobre urbanismo procedieron de España.
¿Qué curso siguen las peticiones admitidas a trámite?

La comisión de Peticiones (integrada por 34 europarlamentarios, 4 de ellos españoles) puede pedir a la Comisión Europea que inicie una investigación; pedir colaboración a las autoridades nacionales y locales para resolver el problema; y, en casos excepcionales como el de las quejas por el urbanismo salvaje en el levante español, hacer una visita para recoger datos sobre el terreno y presentar un informe al plenario del PE. Sus resoluciones no son vinculantes

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La comisión trata el próximo martes la denuncia de ANSE por los «excesos» urbanísticos
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Denuncia ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

CAMPOS DEL RÍO/ El juzgado da 24 horas a los dueños de Trampolín Hills para prestar una fianza de 30 millones

EFE
Murcia, 2 nov (EFE).- Los propietarios de la empresa "Trampolín Hills Golf Resort", Antonio Martínez González y Rafael Aguilera Serna, disponen de 24 horas de plazo para prestar una fianza por 30 millones de euros para responder de sus responsabilidades en la querella presentada por varios compradores por presunta estafa.
El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Mula, al que ha tenido acceso Efe, señala que la sociedad, que promovía la construcción de 2.500 viviendas en Campos del Río (Murcia), fue constituida en enero de 2005 con un capital social "de sólo" 3.000 euros.
La resolución judicial añade que los promotores del proyecto llevaron a cabo una "amplia campaña publicitaria por internet y a través de diversas oficinas e inmobiliarias colaboradoras en España" y que consiguieron captar clientes españoles y extranjeros, estos últimos, sobre todo, de Gran Bretaña e Irlanda.
El auto afirma que la promoción inmobiliaria fue puesta en marcha sobre terrenos rústicos que, a día de hoy, no cuentan con licencia municipal, pese a lo cual crearon una apariencia de confianza en los compradores que no respondía a la verdad.
Así, añade el Juzgado, los compradores entregaron diversas cantidades a cuenta y posteriormente pagos periódicos, que después no han podido ser recuperados "al resultar, evidentemente, insuficientes los saldos de las cuentas para efectuar los reintegros".
Afirma también que tanto Antonio Martínez como Rafael Aguilera, este último, propietario del 50 por ciento de la sociedad a través de la mercantil "Solera El Trampolín, S.L.", frustraron las expectativas de los adquirentes de viviendas, que los llevaron a los tribunales al ver que las obras no avanzaban y que, de hecho, se encuentran paralizadas desde hace un año.
El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia, a través de un edicto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, ha declarado en situación de concurso de acreedores a "Trampolín Hills Golf Resort" y ha dado un plazo de un mes para que los acreedores notifiquen las deudas que la sociedad mantiene con ellos. EFE

La Guardia Civil halla 160.000 euros debajo de un colchón del alcalde de Alcaucín

En libertad con cargos la hija de un empresario supuestamente implicada en la red de corrupción urbanística
AGENCIAS - Málaga - 01/03/2009 / El País.com

La Guardia Civil ha hallado en el domicilio del alcalde de Alcaucin, detenido el pasado viernes por una supuesta trama de corrupción urbanística, 160.000 euros ocultos debajo de un colchón. De los 13 detenidos por la 'Operación Arcos', 11 continúan arrestados, entre los que se encuentran dos hijas del alcalde y varios empresario.
La última de los detenidas que ha sido puesta en libertad con cargos ha sido la hija de un empresario supuestamente implicado en esta trama. Ésta es la segunda detenida que queda en libertad después de que este sábado lo hiciera la secretaria de un responsable del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.
Los otros once arrestados el viernes continúan detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se prevé que ocurra mañana, cuando se agota el plazo que marca la ley, entre los que se encuentra el alcalde, José Manuel Martín (PSOE) y dos de sus hijas.
Entre los datos que han transcendido de la "operación Arcos" es que que la Guardia Civil ha encontrado en el domicilio de José Manuel Martín 160.000 euros en efectivo ocultos debajo de un colchón, informa Europa Press. El inmueble fue inspeccionado durante varias horas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil. Cuando los agentes descubrieron el dinero, el alcalde manifestó que eran "los ahorros de toda una vida", según publica el diario 'Sur'.
En total, los agentes se incautaron de más de 250.000 euros entre los 11 registros realizados en la operación. Aparte, de la suma hallada en la casa del regidor, los investigadores intervinieron más de 60.000 euros en Cartaya (Huelva), donde fue detenido un promotor por supuesta implicación en la trama.
La investigación ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía, según informaron desde el Ministerio del Interior.

Detenidas en Málaga y Huelva trece personas por delitos de corrupción urbanística

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones en el marco de la operación 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga), en la que se ha detenido en las provincias de Málaga y Huelva a un total de trece personas por diversos delitos de corrupción, relacionados con el urbanismo.
A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.
Entre los detenidos se encuentra el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), varios miembros de su familia, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario.
Los agentes se encuentran registrando durante el día de hoy las dependencias del Ayuntamiento de Alcaucín y del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, así como los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional.
La investigación, que está bajo secreto de sumario, ha contado con la activa colaboración del SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, según informaron desde el Ministerio de Interior en un comunicado. Así, ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía.
Los empresarios dedicados a esta actividad presuntamente pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.
La operación, que continúa abierta, esta siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga (Málaga), la Fiscalía Especial Anticorrupción y la de Medio Ambiente y Urbanismo.

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Al menos 30 imputados por presunta corrupción urbanística

Entre los imputados figuran, alcaldes y ex-alcaldes de Boadilla del monte y Majadahonda
PEDRO JIMÉNEZ / CADENA SER 07-02-2009
Continúa abierta la operación policial en la que han sido detenidas cinco personas, varias de ellas vinculadas al Partido Popular, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La investigación judicial tiene ya cerca de 30 imputados, que prestarán declaración ante el juez Garzón a partir de la próxima semana, después de que lo hagan el lunes los cinco detenidos

Han sido cinco las personas arrestadas, ninguna de ellas cargo público, y una treintena los imputados por este presunto caso de corrupción que salpica a administraciones gobernadas por el PP en Madrid y Valencia. Entre los imputados figuran alcaldes y ex alcaldes de las localidades afectadas.
Municipios como Boadilla, Majadahonda o Paterna donde los agentes han solicitado los contratos y las adjudicaciones realizadas a este conglomerado de empresas.
Se investigan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, además de operaciones inmobiliarias.
Detenidos
Entre los detenidos figuran Francisco Correa, empresario vinculado al PP, su compañera sentimental María del Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego y administrador único de Special Events y Viajes Pasadena, dos de las empresas investigadas.
Special Events ha organizado numerosos actos para el Partido Popular, así como para administraciones gobernadas por el PP.

La Asamblea no puede quitarle a Morales el sueldo de diputado de 3.000 euros mensuales

El ex alcalde de Totana, imputado en la 'Operación Tótem', justifica su ausencia con un parte médico de depresión
M. BUITRAGO MURCIA/ La Verdad

Juan Morales seguirá cobrando su sueldo mensual de 3.000 euros como parlamentario regional, pese a que no aparece por la Asamblea desde hace más de un año, a raíz de su imputación en la presunta trama de corrupción urbanística destapada por la Operación Tótem en Totana. No sólo mantendrá su salario, sino que además la Asamblea Regional va a paralizar el expediente sancionador que inició el mes pasado para retirarle la asignación económica. ¿El motivo?: Ha presentado un certificado médico oficial por un cuadro de depresión, de la cual está recibiendo tratamiento. Morales sigue de baja laboral, la ley le protege y no se puede tomar ninguna iniciativa contra él desde la Cámara.
El presidente del Parlamento autonómico, Francisco Celdrán, informó ayer a La Verdad de que el diputado del Grupo Mixto ha presentado un certificado médico de enfermedad firmado por un facultativo para justificar su ausencia de los Plenos y Comisiones. No se trata de un simple papel para salir del paso, sino de un informe que detalla «un cuadro médico que le impide asistir a las sesiones parlamentarias. Así lo dice expresamente», explicó Celdrán.
El documento fue analizado ayer por los miembros de la Mesa de la Asamblea, que debían tomar una decisión en el sentido de seguir adelante o detener el expediente sancionador. Finalmente, los servicios jurídicos han apuntado que no se le puede retirar el salario. «Si está justificado la ausencia, no se le puede sancionar. El certificado está firmado por un facultativo y no preveo que se puede tomar ninguna iniciativa más», añadió el responsable del Parlamento.
El cuadro médico que presenta Juan Morales es una depresión causada por cuestiones personales y familiares. Por este motivo, está recibiendo tratamiento en un centro de salud y en otro centro especializado, explica el certificado médico.
Fianza de 200.000 euros
Después de un año sin aparecer por la sede del Parlamento, la Mesa de la Asamblea Regional decidió abrir un expediente sancionador contra el diputado y ex alcalde de Totana con el objetivo de retirarle el sueldo si no justificaba su prolongada ausencia. El procedimiento se abrió al margen de la causa judicial abierta contra éste. Para ello, tuvo se que aprobar un procedimiento nuevo, dado que hasta ahora no se había tomado ninguna medida similar contra un diputado autonómico.
En el caso de Juan Morales, los delitos que le imputa la Fiscalía de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales le llevaron a prestar declaración el pasado 10 de abril ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado, debido a su condición de aforado. El magistrado le impuso una fianza de 200.000 euros, la cual mantiene pese a la petición de Juan Morales de ver rebajada su cuantía.
El pasado mes de abril, la Cámara solicitó por primera vez a Morales que explicará su inasistencia a los plenos y comisisones, y éste presentó un certificado médico de que sufría una depresión. Tras el verano, se le volvió a demandar que cumpliera sus obligaciones parlamentarias o que justificara su ausencia. En aquella ocasión no contestó, hasta ahora.
El artículo 23 del Reglamento de la Asamblea indica que la ausencia injustificada y reiterada de un diputado podrá comportar la pérdida de la asignación económica a que tenga derecho, en este caso de 3.000 euros mensuales. Ésta es la asignación básica, que se piede incrementar si el diputado pertenece a la Mesa de la Asamblea.

Detenidas 6 personas en San Javier y Fuente Álamo en una operación por posibles delitos fiscales

MURCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un total de seis personas fueron detenidas hoy en los municipios murcianos de San Javier y Fuente Álamo en el marco de una operación contra posibles delitos fiscales y negociaciones prohibidas a los funcionarios, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en un comunicado de prensa.
Esta operación la lleva a cabo la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier, y desde desde las 11.00 horas realizaron en dependencias de los ayuntamiento de San Javier y Fuente Álamo, así como en varios domicilios.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), este procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario.
Entre los detenidos se encuentra el arquitecto municipal de San Javier, Miguel Botella, quien en estos momentos está junto los a agentes que registran las dependencias de urbanismo del ayuntamiento de esta localidad.
Además, el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, también llegó hoy a su despacho escoltado por la Guardia Civil, que registró las dependencias municipales y después abandonó el lugar con los agentes, según confirmaron a Europa Press fuentes del Consistorio.