El juez quiere evitar que destruya pruebas de posibles delitos urbanísticos
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 18/02/2010
El alcalde del municipio cántabro de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, imputado en más de una decena de causas por prevaricación y delitos urbanísticos, ha sido detenido y trasladado a la prisión de El Dueso, en Santoña, por riesgo de "reiteración delictiva" y destrucción de pruebas. El titular del juzgado número dos de Castro Urdiales, Luis Acayro, inhabilitó el pasado octubre al regidor para ejercer cualquier competencia en materia de urbanismo y contratación, lo que Muguruza ha incumplido "reiteradamente", según el juez, por lo que el riesgo de destrucción, ocultación y alteración de pruebas "es una realidad que se está produciendo".
El juzgado analiza la adjudicación de licencias urbanísticas incumpliendo los mínimos legales exigidos ?en el suministro de agua una de las urbanizaciones investigadas se halló contaminación fecal?, fraudes en la obtención de declaraciones de impacto ambiental e incluso la existencia de promociones urbanísticas sin licencia de obra. En concreto, el auto se refiere al expediente urbanístico de La Loma, que comprende cuatro áreas de desarrollo, y donde se han concedido licencias para más de un centenar de viviendas.
Muguruza es un alcalde tránsfuga. En 2007 fue expulsado del PRC por postularse como regidor de Castro Urdiales a pesar de que su partido había decidido apoyar la candidatura del PSOE. No es el único miembro de la corporación con problemas en los tribunales. También han sido procesados por distintos delitos (contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo o falsedad documental) entre otros, su predecesor en el cargo, Rufino Helguera (expulsado del PSOE), cuatro ediles de la corpotación actual y seis de la anterior, además de una docena de técnicos y funcionarios.
El dossier de irregularidades con el que se ha hecho el juzgado supera ya con creces los 3.000 folios, pese a las dificultades que el propio consistorio ha puesto a los investigadores. El Tribunal de Cuentas ya advirtió en un demoledor informe entregado en julio de 2008 que "la falta de control y de procedimientos normalizados en la concesión de licencias urbanísticas" les impedía incluso averiguar el número de licencias concedidas.
