VMPress.El ayuntamiento de Archena, gobernado por el Partido Popular, no ha cumplido una sentencia firme y en la que no cabe recurso, por la que se condena al consistorio a pagar a un vecino, Antonio García Candel, la cantidad de 27.480 euros. Esta sentencia está fechada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el 3 de abril del presente año. Seis meses después, no ha habido actuación por parte municipal, incumpliendo la ley y haciendo caso omiso a una orden jurídica. El abogado del demandante fue el conocido letrado José Luis Mazón, (en la imagen) mientras que por parte del ayuntamiento defendió el caso el abogado municipal, Antonio Pascual Ortiz Cantó. Existe preocupación en ámbitos sociales y políticos, porque "es un mal ejemplo que la máxima autoridad local, el alcalde, no cumpla la sentencia, pero el ayuntamiento si exige el pago de multas, impuestos y otros ingresos con el correspondiente recargo si no se hace en plazo".
El TSJ desestimó las alegaciones del ayuntamiento, tras la reclamación vecinal por la alta emisión de ruidos en la calle Francisco Caravaca, de Archena. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso VMPress, los bares de la calle eran un foco de emisión de música en bares sin licencia, ruidos continuos y continuadas infracciones que deberían haber sido objeto del cierre de los locales, pero hubo pasividad por parte de las autoridades.
El TSJ desestimó las alegaciones del ayuntamiento, tras la reclamación vecinal por la alta emisión de ruidos en la calle Francisco Caravaca, de Archena. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso VMPress, los bares de la calle eran un foco de emisión de música en bares sin licencia, ruidos continuos y continuadas infracciones que deberían haber sido objeto del cierre de los locales, pero hubo pasividad por parte de las autoridades.
El Tribunal Superior de Justicia condenó al ayuntamiento por silencio administrativo y dejación de funciones al pago de 27.480 euros, un dinero que no se ha pagado y que sigue generando intereses, "a costa de los vecinos, en lo que parece un nuevo Caso Monedero", critican algunos residentes de la calle Francisco Caravaca. Por su parte, el abogado de la parte demandande, José Luis Mazón, ante el incumplimiento de la sentencia del procedimiento ordinario 868/2003, ha pedido la ejecución de la misma "y le sea impuesto al ayuntamiento, por el retardo, el recargo de dos puntos por falta de diligencia en el cumplimiento, tal como establece el artículo 10.6.3 LS".Asimismo, solicita al TSJ que "mande comparecer al concejal de Hacienda ante la Sala a explicar las causas del incumplimiento y medidas para ejecutar la sentencia, con multa de 1.000 euros a su cargo si no compareciere".
La calle Francisco Caravaca fue durante varios años "un infierno" para los vecinos, ante los continuos ruidos y escándalos, permitidos por la corporación que preside Manuel Marcos Sánchez Cervantes. De hecho, alguno de los vecinos también fueron amenazados por jóvenes incontrolados, y tuvieron graves secuelas psicológicas. Los locales también eran frecuentados por conocidos políticos de la comarca, en donde tenían su base para negocios privados o públicos.
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