Más de 24.000 familias murcianas están todavía a la espera de recibir las ayudas por dependencia

Sólo 3.140 personas tienen ya reconocidas las prestaciones que les corresponden, y poco más de 500 cobran las subvenciones destinadas a los cuidadores
J. P. PARRA/La Verdad

El sistema para asistir a dependientes, puesto en marcha hace ahora año y medio, sufre en la Región un atasco monumental. Lo reflejan los datos oficiales tanto de la Consejería de Política Social como del Ministerio. 28.000 familias se han dirigido ya al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) para solicitar las ayudas que establece la ley.

Sin embargo, sólo 3.140 están ya recibiendo prestaciones -desde centros de día a teleasistencia o atención a domicilio- dependiendo del grado de minusvalía, discapacidad o inmovilidad que padecen. El resto (24.860) se encuentran enfangadas en algún momento del largo proceso burocrático por el que deben pasar.

Además, de las 3.140 familias que ya se han integrado en el nuevo sistema de la dependencia, a principios de junio sólo 513 cobraban el sueldo mensual del cuidador, la medida estrella prevista por la ley. Al resto se les han reconocido ayudas que, en muchos casos, ya disfrutaban a través de residencias o servicios sociales. El IMAS, dependiente de la Consejería de Política Social, creó el año pasado una oficina encargada de poner en marcha la ley en la Región. Las quejas por los retrasos han llovido desde entonces, y el director de la oficina, Ginés Cánovas, terminó dimitiendo el mes pasado. El PSOE lo atribuyó a discrepancias con el consejero, Joaquín Bascuñana.

Competencia autonómica

El Ejecutivo autonómico asegura que hasta el 30 de junio había enviado aproximadamente 12.000 expedientes al Ministerio, «6.000 de ellos el último mes». La Comunidad Autónoma es quien evalúa y fija las ayudas, y envía después sus dictámenes a Madrid para que el Estado aporte la financiación necesaria.

«Estamos resolviendo entre 400 y 500 expedientes al mes, y a partir de septiembre queremos llegar a los mil mensuales», explica Fernando Mateo, secretario general de la Consejería de Política Social. Sin embargo, sus propios datos corroboran el atasco: sólo están dentro del sistema de dependencia poco más del 11% de quienes han presentado su solicitud en año y medio. Es más, hay todavía 8.000 personas a las que ni siquiera se les ha valorado aún su grado de dependencia.

«Algunos llevan seis o siete meses esperando para eso», denuncia Teresa Rosique, diputada regional del PSOE. «El retraso es tremendo -advierte-; hay miles de personas a las que en enero se comunicó que ya estaban baremados y que de oficio se abriría el expediente para que empezasen a recibir las ayudas».

Muchos de esos procesos administrativos «siguen sin ni siquiera iniciarse». Las asociaciones que agrupan a los discapacitados y a otros potenciales beneficiarios de la ley reconocen los retrasos, pero se muestran más preocupadas por otros aspectos, como la ausencia de una reglamentación autonómica que establezca de forma clara qué ayudas son compatibles entre sí.