El expediente sancionador subraya la falta de control de riesgo en la concesión de créditos a promotoras, y pone como ejemplo a Polaris 
El 'ladrillo' es el eje sobre el que giran las sospechas del Banco de España en relación a las irregularidades detectadas en la gestión de la CAM desde 2008 hasta el pasado año, cuando se produjo su intervención. El expediente sancionador abierto a toda la cúpula ejecutiva, así como a todos los miembros del consejo de administración y la comisión de control, enfoca directamente a las operaciones relacionadas con el negocio inmobiliario, que es el que ha llevado finalmente al desastre a la Caja. En total, 49 personas están implicadas.
El hecho de enfocar su actividad fundamentalmente alrededor del sector promotor, con múltiples intereses privados y particulares entrecruzados, provocó finalmente que la entidad se metiera de lleno en la carrera de la especulación inmobiliaria. Y de ahí al precipicio final, solo hubo un paso.
De hecho, el informe del organismo supervisor establece, concretamente, cinco líneas maestras en sus acusaciones de supuestas irregularidades. Primero, las deficiencia detectadas en el control del riesgo en distintas operaciones, directamente las referidas con el mercado inmobiliario. Segundo, las supuestas prácticas de contabilidad para alterar la realidad patrimonial de la entidad. Tercero, el incumplimiento en las autorizaciones administrativas en relación con las retribuciones no justificadas a los directivos y miembros de los órganos de gobierno. Cuarto, el encubrimiento de los niveles de morosidad reales. Y quinto, el incumplimiento de los requerimientos exigidos sobre la solvencia.
El urbanismo ha sido por tanto la tumba para la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ya que sus máximos dirigentes lejos de moverse en el terreno de la prudencia y de los máximos controles del riesgo se lanzaron a una carrera desaforada. El informe del órgano supervisor pone como ejemplo de descontrol las operaciones de CAM con el grupo Polaris. Los inspectores advierten que no había control sobre las disposiciones de financiación que hacía la firma para sufragar las promociones. Además, no se hizo un análisis de riesgo antes de dar nueve millones de euros al socio principal de Polaris para que participase, a su vez, en un préstamo con el que recapitalizar la sociedad.
Beneficios bajo la lupa
Por otra parte, el Banco de España también quiere escudriñar los supuestos beneficios que hayan podido obtener algunos de los dirigentes de la cajas en función de su estatus de privilegio como miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez quiere conocer los detalles de las concesiones en créditos por más de 70 millones que han recibido algunos de los integrantes de dichos órganos durante los últimos cuatro años. Aunque las miradas se ponen directamente en un pequeño grupo de personas, entre los que aparecen los casos del exconcejal popular en Murcia Juan Ramón Avilés, que recibió préstamos por 27,2 millones de euros, un tercio del total; el empresario de Benidorm Ginés Pérez, que consiguió créditos por 12,9 millones; el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, a quien se financió con 7,89 millones; el promotor alicantino Aniceto Benito, por 7,39 millones; o el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, de 5,59 millones, entre algún que otro más.
Préstamos al 0% de interés
Aunque más allá de las cifras mareantes, lo que genera más duda es por qué en determinados casos se llegó a conceder los préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. Algo que ocurrió sobre todo en el ejercicio 2008. Y es que en total se ofrecieron hasta 4,6 millones sin intereses, cuando los tipos oficiales estaban entonces sobre el 4%. El sindicato CGT, segunda fuerza entre los trabajadores de la entidad, hizo hincapié ayer en relación al expediente abierto por el Banco de España, que «esperamos culmine con sanciones ejemplares» a quienes han participado en el «hundimiento» de la entidad. Aunque sus miras siguen puestas en que prosperen las diligencias judiciales emprendidas para que depuren las responsabilidades penales.
Para esta organización, el Banco de España «tiene responsabilidad directa», ya que ejerce labor de supervisión y control sobre las entidades financieras y en la CAM «claramente, no actuaron con la eficiencia debida». También CC OO considera necesario que se proceda al embargo preventivo de las cuentas de los directivos.
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