Fuente: El país digital. El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Adrián Zalazar, ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Ibiza contra la consejera en funiones de Economía, Hacienda y Vías y Obras del Consell de la isla, Estela Matutes, el conseller de Patrimonio, Joan María Tur, el ex alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, y el conseller de Presidencia y Relaciones Institucionales, Josep Sala, por un presunto delito de prevaricación y otros en la aprobación del Plan Territorial de Ibiza.
Esta decisión es el resultado de las diligencias informativas abiertas y de las investigaciones realizadas a partir de una denuncia anterior, realizada por la asociación ecologista GEN-GOB de Ibiza. En un comunicado el GEN expone que dicha denuncia fue presentada por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, actividades prohibidas a autoridades y contra la ordenación del territorio en la elaboración y aprobación del Plan Territorial.
El documento presentado por la asociación ecologista ante los tribunales se basaba en la inclusión "totalmente injustificada e irregular" de disposiciones que "se ajustaban a proyectos urbanísticos que podían suponer grandes beneficios económicos para consellers implicados en su aprobación".
Así, el GEN-GOB denunció a los consellers insulares del PP Estela Matutes, Josep Sala y Joan Marí Tur, a los que en la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente se ha añadido al hermano de éste, Antoni Marí Tur, ex alcalde de Sant Antoni.
La asociación ecologista responsabiliza a Matutes, consellera insular de Economía, Hacienda, Vías y Obras e hija del ex ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes, de haber votado "modificaciones urbanísticas directamente vinculadas a negocios inmobiliarios,
tanto propios como de su familia directa".
Estas modificaciones, según el grupo ecologista, "suponían un trato claramente diferenciado del resto de urbanizables en primera línea de mar".
Blindaje de negocios inmobiliarios
El GEN también acusa a Sala, conseller de Presidencia y Relaciones Institucionales, de "blindar mediante un convenio urbanístico ilegal, los negocios inmobiliarios de su compañera de filas (Estela Matutes)".
La denuncia de la asociación también responsabiliza al conseller de Patrimonio y portavoz de la institución insular, Joan Marí Tur, de haber votado "el mantenimiento ilegal de la calificación de urbanizables" de unos terrenos propiedad suya y de su familia directa.
El GEN señala en su comunicado que Antoni Marí Tur, ex alcalde de Sant Antoni, votó en diversas ocasiones, como miembro de la Comisión Insular de Urbanismo, la imposibilidad de tramitación de terrenos en las mismas circunstancias que los que tenía en propiedad junto a su hermano Joan.
Además responsabiliza al ex alcalde de haber ayudado en un "montaje", orquestado para evitar la normativa que hacía inviable el plan parcial del que se beneficiaban sus terrenos. La asociación ecologista añade que prepara una ampliación de su denuncia, que presentará los próximos días a la Fiscalía.
El documento presentado por la asociación ecologista ante los tribunales se basaba en la inclusión "totalmente injustificada e irregular" de disposiciones que "se ajustaban a proyectos urbanísticos que podían suponer grandes beneficios económicos para consellers implicados en su aprobación".
Así, el GEN-GOB denunció a los consellers insulares del PP Estela Matutes, Josep Sala y Joan Marí Tur, a los que en la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente se ha añadido al hermano de éste, Antoni Marí Tur, ex alcalde de Sant Antoni.
La asociación ecologista responsabiliza a Matutes, consellera insular de Economía, Hacienda, Vías y Obras e hija del ex ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes, de haber votado "modificaciones urbanísticas directamente vinculadas a negocios inmobiliarios,
tanto propios como de su familia directa".Estas modificaciones, según el grupo ecologista, "suponían un trato claramente diferenciado del resto de urbanizables en primera línea de mar".
Blindaje de negocios inmobiliarios
El GEN también acusa a Sala, conseller de Presidencia y Relaciones Institucionales, de "blindar mediante un convenio urbanístico ilegal, los negocios inmobiliarios de su compañera de filas (Estela Matutes)".
La denuncia de la asociación también responsabiliza al conseller de Patrimonio y portavoz de la institución insular, Joan Marí Tur, de haber votado "el mantenimiento ilegal de la calificación de urbanizables" de unos terrenos propiedad suya y de su familia directa.
El GEN señala en su comunicado que Antoni Marí Tur, ex alcalde de Sant Antoni, votó en diversas ocasiones, como miembro de la Comisión Insular de Urbanismo, la imposibilidad de tramitación de terrenos en las mismas circunstancias que los que tenía en propiedad junto a su hermano Joan.
Además responsabiliza al ex alcalde de haber ayudado en un "montaje", orquestado para evitar la normativa que hacía inviable el plan parcial del que se beneficiaban sus terrenos. La asociación ecologista añade que prepara una ampliación de su denuncia, que presentará los próximos días a la Fiscalía.
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