Una vez confirmada por los peritos policiales la autoría de Luis Bárcenas de la supuesta contabilidad B del PP, el juez Pablo Ruz dará un empujón al caso con el interrogatorio de nueve testigos, entre ellos el presidente del Senado, Pío García-Escudero, que confesó haber percibido del PP hace 13 años cinco millones de pesetas, pago que aparece consignado en la contabilidad privada del extesorero del partido.
García-Escudero fue el primero en quebrar la estrategia del PP de negar de arriba abajo la veracidad de esos papeles. El hoy presidente del Senado confesó que cobró ese dinero, 30.000 euros, para reparar su vivienda afectada tras la explosión el ocho de agosto de 2000 de un coche bomba de ETA en las proximidades del inmueble. García-Escudero alegó que no quería esperar a que la compañía de seguros cubriera su responsabilidad y pidió el dinero al partido. Devolvió el préstamo en cuotas de 6.000 euros.
El presidente del Senado hará uso de su prerrogativa de declarar en su despacho oficial y allí se trasladará hoy el juez Pablo Ruz, el fiscal, el secretario judicial y los letrados de las partes acusadoras. Podía haberse acercado a la Audiencia Nacional para responder como testigo a las preguntas del instructor, pero prefirió contestar en la cámara alta.
Su caso no es el único, pero es de los pocos miembros del PP que reconocieron haber recibido dinero opaco del partido. La gran mayoría negó la percepción de los sobresueldos en negro desde los años noventa hasta 2008, desde José María Aznar hasta Mariano Rajoy pasando por Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Ángel Acebes, entre otros. El PP admitió, no obstante, que se pagaba a sus máximos dirigentes gastos de representación al margen de sus sueldos de parlamentarios, pero que estaban recogidos en la contabilidad oficial con sus correspondientes retenciones de IRPF y Seguridad Social.
Antes que García-Escudero responderá a las preguntas del juez el diputado del PP Eugenio Nasarre, pero lo hará en la Audiencia Nacional. El parlamentario admitió también que había percibido 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia en 2003. Apunte que constaba en los papeles de Bárcenas. El martes será el turno del exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, quien también reconoció haber cobrado 500.000 pesetas, 3.000 euros, en 2001, pero cuyo destinatario era una concejal navarra de UPN que había sufrido un atentado de ETA. Del Burgo también figura como perceptor de casi cuatro millones de pesetas, unos 23.000 euros, dinero que, en realidad, iba a los bolsillos del exconsejero navarro Calixto Ayesa como compensación por haber tenido que cerrar su consulta de dermatólogo para entrar en el Gobierno foral. Del Burgo cobraba en su nombre porque vivía en Madrid y él, en Pamplona. Ayesa también está citado el martes en la Audiencia Nacional.
Ese día declarará asimismo el exparlamentario del PP vasco Santiago Abascal que recibió dos millones de pesetas, 12.000 euros, en 1999 para reparar los daños que sufrió un negocio de su propiedad por el lanzamiento de cócteles molotov. Abascal también ha confirmado que cobró. El que lo ha negado, pero también está llamado a declarar el martes es el expresidente balear Jaume Matas. En la presunta contabilidad opaca de Bárcenas figura que en 2003 percibió 8.400 euros. En el apunte rezaba que era "para piso".
Sobresueldos
Los siguientes en pasar el miércoles por el despacho de Ruz serán el abogado Jorge Trías, exdiputado del P y amigo de Bárcenas, que no aparece en los papeles, pero declaró que el extesorero le mostró la contabilidad B; y los expertos calígrafos de la Policía que certificaron que la letra de los asientos contables era de Bárcenas. La ronda se cerrará el jueves con Luis Molero, cajero del PP en la etapa que dirigía la tesorería Álvaro Lapuerta, y Milagros Puentes, responsable de la contabilidad en esa misma etapa.
Tras estos interrogatorios y los de los presuntos donantes irregulares, el juez Pablo Ruz tendrá que resolver cuando vuelve a citar a Bárcenas, quien se negó a declarar la última vez que fue citado por el instructor y también rechazó someterse a una nueva prueba caligráfica, y a Lapuerta. El magistrado, en cambio, no llamará a los dirigentes que fueron presuntos beneficiarios de los sobresueldos porque la mayoría mantienen la condición de diputados y, por tanto, son aforados y tienen que declarar ante el Tribunal Supremo.
Escapan a esta circunstancia José María Aznar, Ángel Acebes, que en la actualidad desempeñan sus actividades laborales en el sector privado. El actual embajador en Londres, Federico Trillo, también figura en la presunta contabilidad B como perceptor de los pagos opacos. Los tres podrían ser llamados a declarar en la causa por Ruz dado que ninguno disfruta de aforamiento.
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