BRUSELAS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Sanidad de la UE buscarán el próximo martes un acuerdo político sobre una nueva norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera. La representante española, Trinidad Jiménez, intentará lograr una minoría de bloqueo para impedir que la directiva salga adelante porque considera que puede conducir a una sobrecarga de pacientes en algunos países y a una mala atención sanitaria. De momento, cuenta con suficientes apoyos para frenar esta legislación, según informaron fuentes diplomáticas.
La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recurrir al 'turismo sanitario' y tienen derecho a que se les reembolse el coste del tratamiento a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.
Para España, esta norma cuestiona el derecho de los Estados miembros a organizar sus servicios de salud y por tanto puede provocar un empeoramiento de la calidad en la atención. Junto con la delegación española, se oponen a la directiva países como Irlanda, Polonia, Portugal o Grecia.
En concreto, dos son las cuestiones que más preocupan a España en la fase final de las negociaciones. El compromiso presentado por la presidencia sueca obligaría a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a un hospital privado de otro país de la UE. El Gobierno rechaza esta posibilidad y alega que si el mismo ciudadano va a un hospital privado en España no se le reembolsarían los costes.
El segundo problema para España es la definición del Estado miembro de afiliación, sobre todo en el caso de los pensionistas. Los países nórdicos y la presidencia defienden que el Estado miembro de afiliación tiene que ser el de residencia. Es decir, que si un jubilado británico que reside en Alicante va a tratarse a Francia, debe ser España la que le pague los costes. Sin embargo, los países del sur defienden que el Estado de afiliación debe ser aquél donde el pensionista ha contribuido a la seguridad social. Es decir, en el caso anterior debería ser Reino Unido el que pagara.
Pese a todas las dificultades, la presidencia sueca está decidida a lograr un acuerdo en la reunión del martes. Además, los ministros de Sanidad examinarán la evolución de la pandemia de nueva gripe A/H1N1 y discutirán sobre cómo incentivar la producción de antibióticos eficaces.
Los ministros de Sanidad de la UE buscarán el próximo martes un acuerdo político sobre una nueva norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera. La representante española, Trinidad Jiménez, intentará lograr una minoría de bloqueo para impedir que la directiva salga adelante porque considera que puede conducir a una sobrecarga de pacientes en algunos países y a una mala atención sanitaria. De momento, cuenta con suficientes apoyos para frenar esta legislación, según informaron fuentes diplomáticas.
La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recurrir al 'turismo sanitario' y tienen derecho a que se les reembolse el coste del tratamiento a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.
Para España, esta norma cuestiona el derecho de los Estados miembros a organizar sus servicios de salud y por tanto puede provocar un empeoramiento de la calidad en la atención. Junto con la delegación española, se oponen a la directiva países como Irlanda, Polonia, Portugal o Grecia.
En concreto, dos son las cuestiones que más preocupan a España en la fase final de las negociaciones. El compromiso presentado por la presidencia sueca obligaría a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a un hospital privado de otro país de la UE. El Gobierno rechaza esta posibilidad y alega que si el mismo ciudadano va a un hospital privado en España no se le reembolsarían los costes.
El segundo problema para España es la definición del Estado miembro de afiliación, sobre todo en el caso de los pensionistas. Los países nórdicos y la presidencia defienden que el Estado miembro de afiliación tiene que ser el de residencia. Es decir, que si un jubilado británico que reside en Alicante va a tratarse a Francia, debe ser España la que le pague los costes. Sin embargo, los países del sur defienden que el Estado de afiliación debe ser aquél donde el pensionista ha contribuido a la seguridad social. Es decir, en el caso anterior debería ser Reino Unido el que pagara.
Pese a todas las dificultades, la presidencia sueca está decidida a lograr un acuerdo en la reunión del martes. Además, los ministros de Sanidad examinarán la evolución de la pandemia de nueva gripe A/H1N1 y discutirán sobre cómo incentivar la producción de antibióticos eficaces.
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