Sospechan que tres empresas elaboraron facturas falsas para que el empresario pudiera justificar desembolsos de grandes cantidades27.11.09 - 03:05 -
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA./ la Verdad
Los sabuesos de la Policía siguen, excitados, el pestilente hedor del dinero sucio. Y creen haber encontrado un rastro fiable. Otra historia es que acabe permitiéndoles atrapar alguna pieza. La sospechas de la Fiscalía y de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEV-BLA), pertenecientes a la Comisaría General de Policía Judicial con sede en Madrid, trabajan desde hace meses con la convicción de que el empresario Trinitario Casanova hubo de pagar algún soborno a cargos públicos para conseguir que la finca La Zerrichera fuera recalificada. Estos terrenos, de 156 hectáreas, estaban especialmente protegidos por la legislación medioambiental, lo cual no impidió que el plan parcial para construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y varios campos de golf fuera superando una etapa tras otra, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad Autónoma.
Las investigaciones de los policías judiciales, dirigidas y supervisadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, se orientan a determinar si realmente se produjeron pagos a funcionarios públicos; esto es, si se incurrió en un delito de cohecho. En un intento de encontrar la hebra desde la que desenredar la madeja, los especialistas policiales llevan meses cruzando datos de cuentas bancarias de todos los posibles implicados con las fechas clave en las que la Administración permitió que el proyecto urbanístico superara algún escollo.
La orden de detención contra Trinitario Casanova, dictada este martes por el juez Alcázar, quien luego la dejó sin efecto al comprobar que el empresario estaba de viaje por Estados Unidos -'La Verdad' adelantó ayer esta información en exclusiva-, se basa en la supuesta existencia de un grupo de facturas, emitidas por importes multimillonarios, de las que se sospecha que pueden ser falsas.
Estos documentos, uno por importe de 9 millones de euros, otro de 5 millones y un tercero de 2,9 millones, podrían haber servido a Casanova para justificar la salida de sus cuentas de grandes cantidades de dinero, que los agentes sospechan que pudieron acabar en manos de políticos. Además, le habrían servido igualmente para desgravar en sus declaraciones al fisco. De ahí que las imputaciones por las que fue cursada la orden de detención del promotor urbanístico sean, entre otras, las de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento y delito contra la Hacienda Pública.
Su primo y administrador
Menos suerte que Trinitario Casanova tuvo este miércoles su primo y administrador de sus empresas, Joaquín O., quien fue arrestado en su domicilio de la pedanía oriolana de La Campaneta, por su presunta relación con estos hechos.
Fuentes próximas al caso explicaron que Joaquín O. fue interrogado ayer por la mañana en dependencias de la Comisaría de Murcia y que las preguntas se centraron en si esas facturas eran o no falsas. El administrador de Casanova garantizó que los documentos eran reales y respondían a pagos efectuados a esas empresas. Igualmente aclaró que esos desembolsos, por un importe global de 16,9 millones de euros (unos 2.800 millones de pesetas), respondían a comisiones cobradas por empresas que mediaron en la venta de los terrenos de La Zerrichera. Ciertamente, Casanova vendió la finca a Inverlur, sociedad promotora de la caja vasca de ahorros Kutxa, por unos 130 millones de euros.
Los policías, según las mismas fuentes, creen que, aunque realmente se pagaran elevadas comisiones por la intermediación, al menos parte de las facturas pueden ser falsas y habrían servido para esconder las salidas de dinero destinado a cargos públicos. Con el fin de comprobar si su teoría se corresponde con la realidad, el miércoles fueron detenidos en Madrid tres de los supuestos intermediarios en la transacción de la finca. Éstos fueron interrogados sobre las facturas que libraron, aunque el sentido de sus declaraciones no ha trascendido.
Los tres arrestados, al igual que Joaquín O., fueron puestos en libertad después de ofrecer su testimonio a los agentes anticorrupción, aunque permanecen imputados.
Una de las circunstancias más significativas de la investigación se centra en el hecho de que una de esas facturas de dudosa fiabilidad, por importe de 600.000 euros (cien millones de pesetas), fue librada a finales de octubre del 2007, coincidiendo con la aprobación del plan parcial La Zerrichera por parte del Pleno del Ayuntamiento de Águilas. Probar que ambos hechos están relacionados constituye el quid de la cuestión.
Las investigaciones de los policías judiciales, dirigidas y supervisadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, se orientan a determinar si realmente se produjeron pagos a funcionarios públicos; esto es, si se incurrió en un delito de cohecho. En un intento de encontrar la hebra desde la que desenredar la madeja, los especialistas policiales llevan meses cruzando datos de cuentas bancarias de todos los posibles implicados con las fechas clave en las que la Administración permitió que el proyecto urbanístico superara algún escollo.
La orden de detención contra Trinitario Casanova, dictada este martes por el juez Alcázar, quien luego la dejó sin efecto al comprobar que el empresario estaba de viaje por Estados Unidos -'La Verdad' adelantó ayer esta información en exclusiva-, se basa en la supuesta existencia de un grupo de facturas, emitidas por importes multimillonarios, de las que se sospecha que pueden ser falsas.
Estos documentos, uno por importe de 9 millones de euros, otro de 5 millones y un tercero de 2,9 millones, podrían haber servido a Casanova para justificar la salida de sus cuentas de grandes cantidades de dinero, que los agentes sospechan que pudieron acabar en manos de políticos. Además, le habrían servido igualmente para desgravar en sus declaraciones al fisco. De ahí que las imputaciones por las que fue cursada la orden de detención del promotor urbanístico sean, entre otras, las de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento y delito contra la Hacienda Pública.
Su primo y administrador
Menos suerte que Trinitario Casanova tuvo este miércoles su primo y administrador de sus empresas, Joaquín O., quien fue arrestado en su domicilio de la pedanía oriolana de La Campaneta, por su presunta relación con estos hechos.
Fuentes próximas al caso explicaron que Joaquín O. fue interrogado ayer por la mañana en dependencias de la Comisaría de Murcia y que las preguntas se centraron en si esas facturas eran o no falsas. El administrador de Casanova garantizó que los documentos eran reales y respondían a pagos efectuados a esas empresas. Igualmente aclaró que esos desembolsos, por un importe global de 16,9 millones de euros (unos 2.800 millones de pesetas), respondían a comisiones cobradas por empresas que mediaron en la venta de los terrenos de La Zerrichera. Ciertamente, Casanova vendió la finca a Inverlur, sociedad promotora de la caja vasca de ahorros Kutxa, por unos 130 millones de euros.
Los policías, según las mismas fuentes, creen que, aunque realmente se pagaran elevadas comisiones por la intermediación, al menos parte de las facturas pueden ser falsas y habrían servido para esconder las salidas de dinero destinado a cargos públicos. Con el fin de comprobar si su teoría se corresponde con la realidad, el miércoles fueron detenidos en Madrid tres de los supuestos intermediarios en la transacción de la finca. Éstos fueron interrogados sobre las facturas que libraron, aunque el sentido de sus declaraciones no ha trascendido.
Los tres arrestados, al igual que Joaquín O., fueron puestos en libertad después de ofrecer su testimonio a los agentes anticorrupción, aunque permanecen imputados.
Una de las circunstancias más significativas de la investigación se centra en el hecho de que una de esas facturas de dudosa fiabilidad, por importe de 600.000 euros (cien millones de pesetas), fue librada a finales de octubre del 2007, coincidiendo con la aprobación del plan parcial La Zerrichera por parte del Pleno del Ayuntamiento de Águilas. Probar que ambos hechos están relacionados constituye el quid de la cuestión.
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