Las medianas y pequeñas entidades se refugian en las fusiones virtuales , mientras las grandes presionan para que no se endurezcan las exigencias23.11.09 - 00:31 -
M. J. ALEGRE MADRID/ La Verdad
La crisis financiera está a punto de cambiar radicalmente el mapa bancario español. El próximo año va a coincidir el momento más duro del negocio -morosidad elevada junto a tipos de interés bajos dejarán cada vez menores ganancias- con las nuevas exigencias de capital que impondrán los organismos internacionales de vigilancia. Preservar más fondos para cubrir las pérdidas esperadas y también las que puedan producirse en momentos de dificultades implica destinar aún menos recursos a los préstamos a clientes. Por eso bancos y cajas buscan una solución que les permita, al menos, mantener el nivel de actividad y, en la medida en que se recupere una demanda solvente, aumentarlo.
Los fondos propios que necesitan reforzar las entidades son el capital, las reservas y las cuotas participativas. Numerosos bancos han realizado ampliaciones, pero esta fórmula no está al alcance de las cajas, y muchas recelan de las cuotas participativas, una figura especial creada para cubrir sus necesidades. Sindicatos y fuerzas políticas de izquierda piensan que abren una vía a la privatización del sector. Además, puesto que cada partícipe puede adquirir el 5% de capital como máximo, las alianzas son poco viables. La necesidad de reforzar la solvencia se manifiesta sobre todo en estas entidades de ahorro.
Impedir vetos
Una serie de cajas han emprendido procesos de fusión, al margen de la incorporación de la intervenida Caja Castilla-La Mancha al grupo Cajastur. Las concentraciones dentro de un territorio como la de Unicaja con Cajasur y Caja Jaén, los procesos que están en marcha en Cataluña -las caixas de Girona, Manlleu, Sabadell y Tarrassa por un lado, y las de Catalunya, Manresa y Tarragona por otro- o la integración de Caja Duero y Caja España en Castilla y León son las operaciones favoritas de las autoridades autonómicas, porque facilitan el reparto de los poderes locales.
El Banco de España cree que estas concentraciones no son la mejor solución. Las cajas de un mismo territorio suelen presentar el mismo tipo de riesgo -financiación a promotores inmobiliarios, participación en empresas- y parecido nivel de morosidad, al prestar a una clientela de nivel de renta semejante. Como las cajas tienen además fuerte arraigo en la comunidad, la autoridad del sector, que no pudo convencer al Gobierno para cambiar la ley de Órganos Rectores de las Cajas y recortar en ellos la presencia política, diseñó el Sistema Institucional de Protección (SIP). Los SIP, también conocidos como «fusiones virtuales» o «fusiones frías», no podrían ser vetados por un gobierno autonómico por no figurar en las leyes regionales. Pero las comunidades de Madrid y Andalucía ya se han apresurado a incluirlos en su regulación.
Hasta ahora han emprendido el camino del SIP Caja Navarra y la General de Canarias por un lado; Caja Rioja, CAI y la Insular de Canarias, por otro. Pero en el sector bullen otras muchas iniciativas, porque Cajasol habla con Caja Guadalajara, y están abiertos los debates de la fusión de las gallegas Caixanova y Caixa Galicia, o de las valencianas, donde se mencionan todo tipo de combinaciones, entre ellas la de CAM y Bancaja.
Un SIP supone la integración de las cuentas de las entidades en un único grupo consolidado. Las cajas que lo forman comparten las políticas de riesgo, la gestión financiera y la tesorería, la auditoria y el control interno y tienen un común acceso a los mercados mayoristas. Cada una de ellas conserva la personalidad jurídica, la marca comercial propia, la identidad corporativa, la actividad comercial y la obra social.
Demasiado grandes
De la fusión fría resulta un grupo de mayor tamaño, que alcanza niveles de solvencia y capitalización más altos, obtiene calificación única y constituye una única unidad a supervisar. Y que logra mayor eficiencia sin necesidad de reducir redes, ni recortar empleo... ni de achicar la representación de las fuerzas políticas y sociales que siempre han estado presentes en las cajas de ahorro. Tampoco cambian el reparto de las inversiones ni el destino final de las ganancias.
Mientras las cajas se reorganizan, la preocupación de los grandes bancos españoles es bien distinta. Santander y BBVA, los dos gigantes con destacada cuota de negocio internacional, temen que los reguladores les penalicen por su tamaño y les impongan mayor nivel de exigencias. Las autoridades han puesto el foco en las instituciones «demasiado grandes para dejarlas caer», porque las creen candidatas a un futuro rescate público, dada su capacidad de contaminar al resto del sistema.
Santander y BBVA intentan convencer a los supervisores de que el tamaño no es lo mismo que el riesgo. Recuerdan que en el origen de la actual crisis está el derrumbe de un banco pequeño y argumentan que los grupos españoles están volcados en la banca comercial, no de inversión, y apenas intermedian productos complejos.
Los fondos propios que necesitan reforzar las entidades son el capital, las reservas y las cuotas participativas. Numerosos bancos han realizado ampliaciones, pero esta fórmula no está al alcance de las cajas, y muchas recelan de las cuotas participativas, una figura especial creada para cubrir sus necesidades. Sindicatos y fuerzas políticas de izquierda piensan que abren una vía a la privatización del sector. Además, puesto que cada partícipe puede adquirir el 5% de capital como máximo, las alianzas son poco viables. La necesidad de reforzar la solvencia se manifiesta sobre todo en estas entidades de ahorro.
Impedir vetos
Una serie de cajas han emprendido procesos de fusión, al margen de la incorporación de la intervenida Caja Castilla-La Mancha al grupo Cajastur. Las concentraciones dentro de un territorio como la de Unicaja con Cajasur y Caja Jaén, los procesos que están en marcha en Cataluña -las caixas de Girona, Manlleu, Sabadell y Tarrassa por un lado, y las de Catalunya, Manresa y Tarragona por otro- o la integración de Caja Duero y Caja España en Castilla y León son las operaciones favoritas de las autoridades autonómicas, porque facilitan el reparto de los poderes locales.
El Banco de España cree que estas concentraciones no son la mejor solución. Las cajas de un mismo territorio suelen presentar el mismo tipo de riesgo -financiación a promotores inmobiliarios, participación en empresas- y parecido nivel de morosidad, al prestar a una clientela de nivel de renta semejante. Como las cajas tienen además fuerte arraigo en la comunidad, la autoridad del sector, que no pudo convencer al Gobierno para cambiar la ley de Órganos Rectores de las Cajas y recortar en ellos la presencia política, diseñó el Sistema Institucional de Protección (SIP). Los SIP, también conocidos como «fusiones virtuales» o «fusiones frías», no podrían ser vetados por un gobierno autonómico por no figurar en las leyes regionales. Pero las comunidades de Madrid y Andalucía ya se han apresurado a incluirlos en su regulación.
Hasta ahora han emprendido el camino del SIP Caja Navarra y la General de Canarias por un lado; Caja Rioja, CAI y la Insular de Canarias, por otro. Pero en el sector bullen otras muchas iniciativas, porque Cajasol habla con Caja Guadalajara, y están abiertos los debates de la fusión de las gallegas Caixanova y Caixa Galicia, o de las valencianas, donde se mencionan todo tipo de combinaciones, entre ellas la de CAM y Bancaja.
Un SIP supone la integración de las cuentas de las entidades en un único grupo consolidado. Las cajas que lo forman comparten las políticas de riesgo, la gestión financiera y la tesorería, la auditoria y el control interno y tienen un común acceso a los mercados mayoristas. Cada una de ellas conserva la personalidad jurídica, la marca comercial propia, la identidad corporativa, la actividad comercial y la obra social.
Demasiado grandes
De la fusión fría resulta un grupo de mayor tamaño, que alcanza niveles de solvencia y capitalización más altos, obtiene calificación única y constituye una única unidad a supervisar. Y que logra mayor eficiencia sin necesidad de reducir redes, ni recortar empleo... ni de achicar la representación de las fuerzas políticas y sociales que siempre han estado presentes en las cajas de ahorro. Tampoco cambian el reparto de las inversiones ni el destino final de las ganancias.
Mientras las cajas se reorganizan, la preocupación de los grandes bancos españoles es bien distinta. Santander y BBVA, los dos gigantes con destacada cuota de negocio internacional, temen que los reguladores les penalicen por su tamaño y les impongan mayor nivel de exigencias. Las autoridades han puesto el foco en las instituciones «demasiado grandes para dejarlas caer», porque las creen candidatas a un futuro rescate público, dada su capacidad de contaminar al resto del sistema.
Santander y BBVA intentan convencer a los supervisores de que el tamaño no es lo mismo que el riesgo. Recuerdan que en el origen de la actual crisis está el derrumbe de un banco pequeño y argumentan que los grupos españoles están volcados en la banca comercial, no de inversión, y apenas intermedian productos complejos.
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