Casi las tres cuartas partes de los diputados (250 sobre un total de 350) cobran dinero al margen de su retribución del Congreso, según han declarado ellos mismos y ha quedado recogido en dos dictámenes secretos. Uno se aprobó en un pleno del pasado junio y el otro el pasado jueves, ambos a puerta cerrada. En esta ocasión, los padres de la patria no se han aplicado la famosa frase de "luz y taquígrafos", a pesar de que una y otros abundan en el hemiciclo.
En dichos informes,
214 de los 250 diputados pluriempleados declaran al menos unos ingresos del sector privado. El resto tienen actividades públicas remuneradas. Otros 16 declaran actividades sin remuneración. Sólo 84 diputados tienen dedicación exclusiva, o al menos no han comunicado a la Cámara ninguna actividad.
La opacidad con la que ha sido tramitado este asunto ha tejido un manto de sospecha sobre la procedencia del dinero que ingresan los parlamentarios, pero los informes diferencian entre las actividades privadas y las públicas. Entre estas últimas se incluyen los cargos orgánicos en los partidos, la pertenencia a patronatos de fundaciones o los cargos en ayuntamientos.
Las actividades privadas declaradas pueden ser remuneradas o no. La inmensa mayoría son conferencias, tertulias en medios de comunicación, publicación de libros y clases en la Universidad. El consenso existente en este asunto tiende a considerar que todas ellas son extensiones de las funciones parlamentarias.
Sólo deben renunciar a cobrar quienes colaboran con medios de comunicación públicos, porque una de las pocas limitaciones que les impone la Ley Electoral consiste en que los diputados no pueden recibir dinero público ajeno a la Cámara, con la única excepción de la Universidad. Sin embargo, lo que la diputada socialista Remedios Elías hace constar en su declaración, según el dictamen, suena a reproche a sus compañeros: "En estos momentos no participa en ninguna tertulia, pero si lo hiciera en el futuro no cobraría ninguna retribución, ya que considera que es parte de su trabajo el trasladar a los ciudadanos la información y las ideas referentes a cualquiera de los temas a tratar en los distintos programas". La diputada no declara ninguna actividad.
Entre los diputados que admiten ejercer actividades privadas, hay 35 abogados. Para todos ellos consta también expresamente la limitación legal de no contratar con Administraciones públicas.
Entre las actividades públicas declaradas, además de los cargos orgánicos de los partidos, la más repetida es la de alcalde o concejal, ya que es el único cargo electo compatible con el escaño en el Congreso aparte de los miembros del Gobierno (14 diputados).
En el hemiciclo hay 50 concejales y alcaldes. La ley les obliga a elegir entre el sueldo del Congreso y el del ayuntamiento, y ellos suelen decidirse por el más abultado. Pero quienes se decantan por el del Congreso mantienen las dietas por asistir a los plenos municipales y, en algunos casos, los gastos de representación.
Otra actividad a caballo entre lo público y lo privado es la de los miembros de asambleas generales de cajas de ahorros y a los de las sociedades creadas por estas. Es el caso de Cibeles, creada por Caja Madrid y en cuyo consejo se permite participar al diputado del PP Ángel Acebes.
La interpretación más laxa sobre este pluriempleo considera que no está incluido en el artículo 159 de la Ley Electoral, que regula las incompatibilidades y les impide ejercer "las funciones de consejero o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en Entidades de Crédito o Aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito".
Seis diputados tienen relaciones con las cajas de ahorros. Se trata de Eloísa Álvarez (PSOE), que pertenece al Consejo de Administración de Gesduero, la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva de Caja Duero; Joan Canongia (PSOE), que es consejero de la asamblea general de la Caja de Pensiones; Ignacio Echániz (PP), miembro de la Asamblea General de Caja Madrid; Juli Fernández (PSOE), miembro de la asamblea de La Caixa de Girona; José Ignacio Llorens, consejero de Gesmadrid, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva de Caja Madrid, y Carmen Rodríguez Maniega (PP), que participa en la asamblea de Caja Asturias.
El Congreso pide en el dictamen que no se cobre de Administraciones públicas. Pero sólo se trata de un compromiso, pues no se exige ningún tipo de certificación ni existe la posibilidad de investigarlo. Casos como el de José María Michavila y el procedimiento opaco con el que se tramita todo este asunto han motivado que el jueves pasado 90 diputados no apoyaran el segundo dictamen, elaborado por la Comisión del Estatuto del Diputado. PSOE e Izquierda Unida quieren dar transparencia a las actividades de los parlamentarios y facultar al Congreso para pedir explicaciones a los afectados.
Otro caso sorprendente es el del diputado del PP Gustavo de Arístegui, diplomático en situación de servicios especiales (excedencia) y portavoz de Exteriores. Declara, entre otras actividades, pertenecer al Consejo Asesor de Siconet Ingenieros. Según explicó a este periódico, cobra dietas por asistir a sus reuniones mensuales, pero no es informado siquiera de las contrataciones con Administraciones públicas que hace esta sociedad, dedicada, sobre todo, a sistemas informáticos de empresas de seguros y de banca. "Doy orientación estratégica y voy a aprender. Pagaría por asistir", asegura Arístegui.
Otro caso de hiperactividad es el socialista Juli Fernández Iruela: concejal de Palafrugell (Girona), consejero de la Asamblea General de Caixa de Girona, director y administrador de Senconfis Asesoría (consultora de empresas) y socio administrador de Audir (prevención de riesgos laborales).
En el listado hay un árbitro de tenis, Gabriel Mato, y un diputado que recibe la pensión de ex comisario europeo, Pedro Solbes. Tres diputadas cobran pensión de viudedad; uno tiene invalidez permanente y absoluta y es alcalde de Don Benito (Badajoz) y otro tiene pensión de gran invalidez.
MANUEL PIZARRO: El más activo y con más dietas
La declaración del portavoz del PP en la Comisión Constitucional incluye su participación en las academias de Jurisprudencia y Legislación, de Ciencias Académicas y Financieras, la Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y la Militar de Zaragoza. También, la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, la Institución Fernando el Católico, el Real Instituto de Estudios Europeos, la presidencia de honor de Ibercaja y Endesa, la Real Sociedad Geográfica, la presidencia de la Fundación Ibercaja, el Consejo Asesor del Instituto de Estudios Europeos y el Centro de Estudios Garrigues. En junio dijo que eran cargos "honoríficos, sin percibir por ninguno remuneración". Nueve meses después, precisó: "Es posible que en alguna de ellas perciba dietas por asistencia". Y añadió su participación en FAES, Aranzadi y la Fundación de Estudios Financieros.
J. M. MICHAVILA: Despacho con letrados investigados
El despacho Eius Abogados, en el que trabaja el diputado del PP, tiene múltiples contratos con ayuntamientos, aunque él no figure directamente en ningún contrato o pleito. De hecho, el secretario general del Congreso, Manuel Alba, tiene abierta una investigación a dos abogados de ese despacho, que son letrados de la Cámara y que, pese a tener igual limitación legal, sí han defendido y asesorado a consistorios. Dos de esos ayuntamientos, Pozuelo y Boadilla del Monte, son investigados por el juez Baltasar Garzón por su relación con una trama corrupta.
El informe aprobado el jueves le autoriza a ser "coadministrador solidario de la Sociedad Limitada Michavila de Fernando, Family Office, que tiene por objeto asesorar, en su caso desde el punto de vista jurídico, a familias en la mejor gestión de su patrimonio".
M. ARIAS CAÑETE: Pregunta por el sector en el que interviene
El diputado del PP está autorizado para ejercer como abogado para asesorar a una empresa de head hunters (Bao & Partners Siguives Internacional) y, sobre todo, para presidir Petrolífera Ducar cuya actividad es "almacenamiento, compraventa y distribución de combustibles líquidos y sus derivados en Ceuta y Melilla, así como la gestión de Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos".
Asegura que su empresa, establecida en el puerto de Ceuta, no tiene relación con el sector público "ni directa, ni indirectamente". La web incluye instalaciones en Las Palmas, donde distribuye combustible.
El pasado mes de septiembre preguntó al Gobierno por escrito en el Congreso: "¿En qué volumen evalúa el Gobierno las pérdidas anuales de nuestra red de transporte y distribución de energía?". También se interesó por las ayudas a "las empresas de servicios energéticos" y ha preguntado reiteradamente el ministro de Industria por las medidas de ahorro energético. Ese ahorro afectaría a las ventas de su empresa.
F. LÓPEZ-AMOR: Gestiona los derechos del fútbol
Es abogado y consejero de Bodegas Fuenmayor, S.A., aunque en esta última actividad asegura que no recibe retribución.
El diputado del PP fue director general de RTVE y ahora el Congreso le ha autorizado para ser consejero de la sociedad Grupo Santa Mónica Sports S.R.L., dedicada a explotación comercial de los derechos del fútbol y de la publicidad en estadios y de clubes de fútbol. También se compromete a no tener relaciones con administraciones públicas.
En la web de esta empresa se explica que tiene en exclusiva los derechos de 10 equipos de primera división y de la Federación Española de Fútbol. Entre las televisiones que se los compran están RTVE y las autonómicas. Por ejemplo, todos los partidos de la selección española de fútbol que emite la televisión pública. Los dictámenes impiden a diputados cobrar de televisiones públicas por participar en sus tertulias, pero no impiden que la empresa que ha fichado a López-Amor firme contratos millonarios con entes públicos.
M. ÁNGEL CORTÉS: Empresa cultural junto al Congreso
Es uno de los diputados que declaran más actividad, centrada en la Cultura. Es diputado del PP y fue secretario de Estado de Cultura.
Desde junio tiene autorizada la actividad de administrador único de la sociedad limitada Bajoz Mercantil, cuyo objeto social, según el dictamen, es: "Investigación, estudio, dirección, desarrollo de planes y proyectos, consultoría, asesoramiento y prestación de servicios en materia cultural, pedagógica, literaria y artística; organización de seminarios, conferencias, eventos, espectáculos y actos de difusión; formación de personal y perfeccionamiento profesional; representación, promoción y consultoría; comercialización, importación y exportación de obras de arte y antigüedades y compra venta de toda clase de inmuebles". Tiene vetado contratar con la Administración. Se constituyó en 2007 y recientemente eliminó del objeto social la frase "explotación y comercialización de concesiones administrativas".
La empresa tiene la sede junto al Congreso, para facilitar su compatibilidad.
MURCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
